Cuba en clave constituyente II

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

 

El actual proceso constituyente que se lleva a cabo en la Isla no ha pasado inadvertido para nadie, tal y como corresponde a un acontecimiento de tal trascendencia. En todos los medios se reflejan los pros y los contra de dotarnos de una nueva Carta Magna pero ¿alguien se ha detenido a preguntarse si el mismo está concebido dentro de la Constitución actual?

 

Me explico: al amparo del artículo 137 de la actual ley fundamental se establece que “Esta Constitución solo puede ser reformada…”o sea, tal parece que el constituyente en su momento no tuvo intenciones de articular un mecanismo legal en virtud del cual la ley de leyes de 1976 pudiese ser remplazada por otra.

 

En situaciones como esta no puedo dejar de pensar en casos como el de Venezuela. En ese país, la Constitución de 1961 previendo la posibilidad de un golpe de Estado, se declaraba imperecedera, o sea podría reformarse pero no podría ser derogada en ningún supuesto. El desgaste posterior del sistema político venezolano hizo que en 1998 el en ese entonces candidato a la presidencia de la República, Hugo Rafael Chávez Frías esgrimiera como eje de su campaña la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente -que fuera instalada en 1999 y de cuyo seno surgiría la actual Carta Magna del país sureño, una de las mejores del mundo dada su técnica legislativa.

 

Dada la evidente contradicción entre la propuesta del ya presidente y la vigente constitución, la Corte Suprema de Venezuela debió pronunciarse, decantándose por la convocatoria a la Convención plenipotenciaria siempre y cuando así lo aprobara el pueblo venezolano en libre plebiscito.

 

La valoración jurídica hecha en Venezuela es perfectamente aplicable a la situación cubana: una norma no puede declararse imperecedera en el tiempo, máxime cuando ella misma reconoce como soberano al pueblo y al cual se debe ¿qué pasa si el soberano desea una nueva constitución? ¿Debe primar un tecnicismo legal o debe darse cause a la voluntad popular? La respuesta me parece obvia, solo que en el caso patrio no ha habido ningún pronunciamiento sobre el tema como sí lo hubo en la hermana Venezuela.

 

En el caso cubano ni siquiera sería necesario consultar al Tribunal Supremo Popular, dado que la potestad de interpretar la Constitución recae formalmente en la ANPP. Este mecanismo resulta altamente inconveniente, pues la interpretación de una norma jurídica debe descansar -al menos primordialmente- en los tribunales, órganos llamados a impartir justicia e integrados en su mayoría por personas versadas en la ciencia jurídica. La labor interpretativa de estos a la hora de aplicar la ley es lo que le da vida y atempera a cada caso concreto.

 

La brevedad del período de sesiones de la Asamblea Nacional, así como su naturaleza de órgano político, ajeno usualmente a las batallas legales que se libran en sede judicial, ha redundado en una seria inaplicabilidad práctica del texto constitucional, situación esta que se vuelve insostenible si se desea readaptar las dinámicas institucionales cubanas a los tiempos que concurren. El actual proceso constituyente sería la oportunidad idónea para conceder a nuestros tribunales, particularmente al Tribunal Supremo Popular la potestad de ejercer el control de la constitucionalidad de leyes, decretos leyes, decretos, reglamentos, etc. en aras de garantizar su compatibilidad con el Magno texto.

 

La defensa de los derechos de quienes habitamos en esta Isla es un tema cuyo tratamiento al amparo del actual proceso de redacción constitucional no puede recibir un tratamiento periférico. La posibilidad de recibir una tutela judicial efectiva no es el único mecanismo para garantizar la efectiva vigencia de los mismos pero sí es uno de los principales. Lo que más preocupa a este autor es que el asunto no sea ventilado con el suficiente rigor en el seno de la Comisión redactora, primer espacio donde el tema de debe ser debatido como paso previo a su presentación ante el plenario de la Asamblea Nacional y su consiguiente aprobación por unanimidad…

 

Para consultar la primera parte del artículo

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