El Gobierno Provincial en la nueva Constitución

Por: Rene Portuondo

Uno de los temas más polémicos en los debates del Proyecto de Constitución es la nueva estructura del gobierno provincia. Esta introduce cambios que rompen con el esquema asambleario utilizada a todos los niveles hasta el momento, y trata de instaurar un mecanismo más dinámico y eficiente para dicha labor. Dichos cambios vienen también enfocados a la tan difundida “autonomía municipal”, al reducir el papel del gobierno provincial en algunas esferas permite concentrar más poder de decisión y recursos en los gobiernos municipales. El gobierno provincial quedaría como un ente coordinador de los esfuerzos de los municipios y como intermediario ante el gobierno central, y muchas de las tareas que antes realizaba este pasarían a ser controladas por los municipios, que tendrían ahora más capacidad de enfocarse y actuar sobre los problemas verdaderamente urgentes de su localidad.
Presentado de esta forma se nota que la idea de reducir el tamaño del gobierno provincial y hacerlo más dinámico es todo un avance con respecto al modelo anterior. Aun así, hay elementos en esta nueva estructura que dejan mucho que desear y lo alejan del espíritu representativo y democrático que está presente en otras partes del texto constitucional.
Cuando se analiza la elección del Gobernador Provincial, expresada en el “Artículo 170: El Gobernador Provincial es designado, a propuesta del Presidente de la República, por la Asamblea Nacional del Poder Popular o en su caso por el Consejo de Estado, por termino de cinco años” .
Queda bien definido que la misma se realiza por designación de las estructuras nacionales y no intervienen en ella las estructuras locales a las que va a dirigir(coordinar). Aquí queda insalvablemente negado el carácter democrático y representativo de dicho gobierno provincial, pues, aunque el mismo termine de conformarse por miembros (el presidente e intendente) de los órganos municipales, la máxima dirección de la misma es desde un primer momento una designación ajena a la provincia. Aunque en un artículo posterior se aclara que el gobernador debe residir en la provincia, nuestra historia reciente está llena de movimiento de cuadros administrativos que con el simple objetivo de asumir una responsabilidad determinada han sido movidos y relocalizados con una gran facilidad.
Siguiendo con la lógica de lo antes expuesto, mientras que los delgados son responsables ante sus electores y el presidente; vicepresidente e intendente municipal rinden cuentas ante la asamblea municipal del poder popular; el gobernador provincial no está obligado por la constitución a rendir cuenta ante los representantes de su provincia, ni ante el pueblo de la misma, sino ante los órganos superiores que los designaron. Así queda expresado en el artículo 172 que dice “el gobernador provincial es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministro, a los que rinde cuenta de su gestión, en la oportunidad y sobre los temas que le soliciten”. Siendo justos, este artículo, responde a la forma de designación del cargo en cuestión, y bajo una lógica un tanto torcida, tiene todo el sentiddo responder ante el órgano que te designó.
Más en una estructura de gobierno en la que se proclama que el pueblo ejerce directamente su soberanía, erigiéndose así el pueblo como soberano, (artículo 10), lógica que implica que debería poder controlar todos los cargos públicos mediante los que ejerce dicho poder, no tendría que estar obligado (el gobernador) a rendir cuentas al menos ante el consejo provincial de su provincia, o ante las asambleas municipales de la misma. Parece que el nuevo proyecto de estructura del estado libera al máximo representante del ejecutivo de la provincia a rendir cuenta de sus acciones ante los ciudadanos de la misma. En las condiciones actuales del desarrollo tecnológico y en medio de un proceso donde se ha dado tanto énfasis al llamado “gobierno electrónico” creo que están las condiciones creadas para que el gobierno provincial rinda cuentas, ya sea por medio de los medios de difusión provinciales (entiéndase los canales de alcance provincia) o por otros que puedan determinarse, ante los ciudadanos de su provincia, que son los que en primera instancia debería representar y rendir cuenta.
La naturaleza poco representativa de esta estructura queda perfectamente reflejada en el artículo 169, en donde queda claro que el gobernador no representa a los ciudadanos de la provincia ante el estado central, sino todo lo contrario que representa al estado central en el territorio. También es muy cuestionable las opiniones que defiende la mejor dinámica de dicha estructura, pues en la gestión gubernamental no solo se alcanza la eficiencia solo con la eliminación de instrumentos burocráticos, sino en la instauración de mecanismos de control que permitan a los verdaderamente afectados por dicha gestión, poder ejercer un control real sobre la misma. La clave está en lograr que estos mecanismos de control no se conviertan en lastres burocráticos e inoperantes que más que contribuir a la fiscalización por parte de los ciudadanos de la actuación del ejecutivo, se erijan como meros pesos muertos que no juegan ningún papel, más allá que el de existir.
La existencia de una asamblea provincial que fiscalice el trabajo del ejecutivo local, aunque hayan presentado cientos de deficiencias y no haya logrado cumplir con todo lo que de ella se esperaría en los mandatos precedentes, es vital para garantizar el control ciudadano sobre la administración provincial. Ciertamente dicha asamblea provincial debería redefinirse tanto en su mecanismo elección como en la manera de realizar de un formato eficiencia sus atribuciones.
La sustitución de la misma por un consejo provincial, que al que ni siquiera tiene que rendir cuentas el gobernador, no es un paso de avance en el proceso de perfeccionamiento de las estructuras del poder popular. Es sin duda dicha estructura uno de los mayores retrocesos y de los más peligrosos que introduce el nuevo texto constitucional porque ,en mi modesta opinión, es en el nivel provincial donde en gran medida se decide el correcto funcionamiento de una estructura de gobierno como en la que nuestro sistema se implementa.
El Gobierno Provincial en la nueva Constitución.
Por: Rene Portuondo

Uno de los temas más polémicos en los debates del Proyecto de Constitución es la nueva estructura del gobierno provincia. Esta introduce cambios que rompen con el esquema asambleario utilizada a todos los niveles hasta el momento, y trata de instaurar un mecanismo más dinámico y eficiente para dicha labor. Dichos cambios vienen también enfocados a la tan difundida “autonomía municipal”, al reducir el papel del gobierno provincial en algunas esferas permite concentrar más poder de decisión y recursos en los gobiernos municipales. El gobierno provincial quedaría como un ente coordinador de los esfuerzos de los municipios y como intermediario ante el gobierno central, y muchas de las tareas que antes realizaba este pasarían a ser controladas por los municipios, que tendrían ahora más capacidad de enfocarse y actuar sobre los problemas verdaderamente urgentes de su localidad.
Presentado de esta forma se nota que la idea de reducir el tamaño del gobierno provincial y hacerlo más dinámico es todo un avance con respecto al modelo anterior. Aun así, hay elementos en esta nueva estructura que dejan mucho que desear y lo alejan del espíritu representativo y democrático que está presente en otras partes del texto constitucional.
Cuando se analiza la elección del Gobernador Provincial, expresada en el “Artículo 170: El Gobernador Provincial es designado, a propuesta del Presidente de la República, por la Asamblea Nacional del Poder Popular o en su caso por el Consejo de Estado, por termino de cinco años” .
Queda bien definido que la misma se realiza por designación de las estructuras nacionales y no intervienen en ella las estructuras locales a las que va a dirigir(coordinar). Aquí queda insalvablemente negado el carácter democrático y representativo de dicho gobierno provincial, pues, aunque el mismo termine de conformarse por miembros (el presidente e intendente) de los órganos municipales, la máxima dirección de la misma es desde un primer momento una designación ajena a la provincia. Aunque en un artículo posterior se aclara que el gobernador debe residir en la provincia, nuestra historia reciente está llena de movimiento de cuadros administrativos que con el simple objetivo de asumir una responsabilidad determinada han sido movidos y relocalizados con una gran facilidad.
Siguiendo con la lógica de lo antes expuesto, mientras que los delgados son responsables ante sus electores y el presidente; vicepresidente e intendente municipal rinden cuentas ante la asamblea municipal del poder popular; el gobernador provincial no está obligado por la constitución a rendir cuenta ante los representantes de su provincia, ni ante el pueblo de la misma, sino ante los órganos superiores que los designaron. Así queda expresado en el artículo 172 que dice “el gobernador provincial es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministro, a los que rinde cuenta de su gestión, en la oportunidad y sobre los temas que le soliciten”. Siendo justos, este artículo, responde a la forma de designación del cargo en cuestión, y bajo una lógica un tanto torcida, tiene todo el sentiddo responder ante el órgano que te designó.
Más en una estructura de gobierno en la que se proclama que el pueblo ejerce directamente su soberanía, erigiéndose así el pueblo como soberano, (artículo 10), lógica que implica que debería poder controlar todos los cargos públicos mediante los que ejerce dicho poder, no tendría que estar obligado (el gobernador) a rendir cuentas al menos ante el consejo provincial de su provincia, o ante las asambleas municipales de la misma. Parece que el nuevo proyecto de estructura del estado libera al máximo representante del ejecutivo de la provincia a rendir cuenta de sus acciones ante los ciudadanos de la misma. En las condiciones actuales del desarrollo tecnológico y en medio de un proceso donde se ha dado tanto énfasis al llamado “gobierno electrónico” creo que están las condiciones creadas para que el gobierno provincial rinda cuentas, ya sea por medio de los medios de difusión provinciales (entiéndase los canales de alcance provincia) o por otros que puedan determinarse, ante los ciudadanos de su provincia, que son los que en primera instancia debería representar y rendir cuenta.
La naturaleza poco representativa de esta estructura queda perfectamente reflejada en el artículo 169, en donde queda claro que el gobernador no representa a los ciudadanos de la provincia ante el estado central, sino todo lo contrario que representa al estado central en el territorio. También es muy cuestionable las opiniones que defiende la mejor dinámica de dicha estructura, pues en la gestión gubernamental no solo se alcanza la eficiencia solo con la eliminación de instrumentos burocráticos, sino en la instauración de mecanismos de control que permitan a los verdaderamente afectados por dicha gestión, poder ejercer un control real sobre la misma. La clave está en lograr que estos mecanismos de control no se conviertan en lastres burocráticos e inoperantes que más que contribuir a la fiscalización por parte de los ciudadanos de la actuación del ejecutivo, se erijan como meros pesos muertos que no juegan ningún papel, más allá que el de existir.
La existencia de una asamblea provincial que fiscalice el trabajo del ejecutivo local, aunque hayan presentado cientos de deficiencias y no haya logrado cumplir con todo lo que de ella se esperaría en los mandatos precedentes, es vital para garantizar el control ciudadano sobre la administración provincial. Ciertamente dicha asamblea provincial debería redefinirse tanto en su mecanismo elección como en la manera de realizar de un formato eficiencia sus atribuciones.
La sustitución de la misma por un consejo provincial, que al que ni siquiera tiene que rendir cuentas el gobernador, no es un paso de avance en el proceso de perfeccionamiento de las estructuras del poder popular. Es sin duda dicha estructura uno de los mayores retrocesos y de los más peligrosos que introduce el nuevo texto constitucional porque ,en mi modesta opinión, es en el nivel provincial donde en gran medida se decide el correcto funcionamiento de una estructura de gobierno como en la que nuestro sistema se implementa.

1 pensamiento en “El Gobierno Provincial en la nueva Constitución”

  1. Con respecto a esto me surgió una interrogante: Si el cargo de Gobernador es designado por las instancias superiores, entonces no puede ser revocado por el pueblo??

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.