Cuba hoy, en la encrucijada constitucional (I)

Por: Ernesto Gutiérrez
El conseguir -no sin cierta dificultad- una copia impresa del anteproyecto de Constitución de la República me permitió el analizar con detenimiento el texto, tal y como deberíamos hacer todos los cubanos. Recuerdo que al concluir la lectura me quedé con un sabor agridulce dado que al igual que la Carta Magna vigente, de su análisis coseché más preguntas que respuestas.
En esta coyuntura no puedo evitar pensar en los primeros movimientos constitucionales que tuvieron lugar en el siglo XVIII. Los precursores de las primeras cartas magnas tenían un objetivo muy claro: limitar el poder del Estado -o lo que era lo mismo en aquel contexto, limitar el poder de la Monarquía- objetivo que nosotros no hemos logrado. Controlar el actuar de nuestros gobernantes ha sido una asignatura pendiente que hemos venido arrastrando desde la fundación de la República el siglo pasado.
Nuestro actuar histórico en sede constitucional ha carecido en no pocas ocasiones del espíritu cívico necesario para la implementación real del ideal republicano. Piénsese en todas las sublevaciones, actos de corrupción y abuso de poder que terminarían desembocando en la revolución de los años 30. Fue justamente la Constituyente de 1940, llamada a poner fin a la insostenible situación del país, quien le diera a la nación una de las mejores Constituciones que el mundo viera en la época. El funesto golpe de estado perpetrado solo 12 años después de promulgado el magno texto tronchó lo que pudiera haber sido un futuro brillante, perfectamente implementable si el país se hubiese mantenido dentro de los cauces constitucionales.
El triunfo de la Revolución en 1959 cambió radicalmente la realidad nacional, y en sede constitucional no fue distinto. La ley de leyes de 1976, a diferencia de sus predecesoras no introdujo per se cambios trascendentales en la sociedad como sí habían intentado hacer sus predecesoras de 1901 y 1940. En esta ocasión, la nueva Carta Magna solo venía a consagrar una realidad ya existente. Este carácter meramente declarativo del texto del 76 ha sido uno de los principales reproches que no pocos entendidos le han hecho, defecto que me temo, ha de heredar la próxima constitución si no se hacen cambios notables en el anteproyecto.

Cualquier valoración medianamente objetiva del documento que hoy es debatido por el pueblo cubano, debe reconocer sin lugar a dudas que el mismo es técnicamente superior en más de un sentido al texto vigente. Baste mencionar como ejemplos temas tan polémicos como la libertad de expresión, la cual es expresamente reconocida por el anteproyecto, frente al “derecho de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista” a que alude la actual Constitución. Otro aspecto meritorio es la introducción de categorías tan de moda hoy como los derechos humanos, la posibilidad de promover una eventual reforma constitucional por parte de la ciudadanía o la incorporación al texto de nuevas instituciones públicas como la Contraloría General de la República o el Consejo Electoral Nacional.
A pesar de estos y otros innegables avances -ya sea de índole meramente técnica o de trascendencia política-, el anteproyecto constitucional adolece de serias falencias que de no ser enmendadas apropiadamente podrían repercutir negativamente en la dinámica institucional y en la vida cotidiana de todos los cubanos.
Lo primero que llama la atención es la estructura que ha adoptado el texto, en cuyo Título primero se le dedica todo un capítulo a lo referente a las relaciones internacionales, algo poco común en el derecho constitucional, dada la imposibilidad de judicializar la política exterior implementada por los gobiernos. Tradicionalmente se le suelen dedicar no más de 3 preceptos, estos de carácter principista, es decir donde el Estado acata los principios esenciales del derecho internacional, como la convivencia pacífica, por solo citar un ejemplo.
Existió un capítulo similar en la versión original de la Constitución de 1976, pero aquel estaba dedicado a regular las relaciones entre nuestro país y el Campo Socialista. Por razones obvias, el capítulo fue eliminado durante el proceso de reforma de 1992. En opinión de este autor, los redactores pretendieron retomar la técnica de sus antecesores -los constituyentes de 1976-, lo cual, a mi entender, no resulta del todo acertado por los argumentos que arguyo en el párrafo anterior.
El orden en que se legisla, o sea el orden en que se enuncian los distintos contenidos, no es ingenuo y sirve al intérprete de la norma para entender con mayor claridad la voluntad del legislador y así aplicar aquella acorde a esta. No digo que el artículo 1 del texto tenga mayor valor legal que el 224, pero por solo exponer un ejemplo: si en su artículo 1 el texto refrenda que Cuba es una República, cuando en el artículo 123q) establece que el jefe de Estado puede otorgar condecoraciones y distinciones honoríficas, no es necesario que la Carta Magna o en su caso la ley, expresamente prohíban a las mismas ser a título de duque o marqués, o que sean susceptibles de transmitirse por vía hereditaria porque tales prácticas son propias de las monarquías y Cuba -como ya ha tenido a bien esclarecer el texto legal- es una República.
Sabiendo lo anterior, llamo la atención sobre el hecho de que en el anteproyecto se habla de los Fundamentos económicos -Título II- antes de la ciudadanía -Título III-, además de que se parte del supuesto lógico de que un fenómeno tan antropocéntrico como la Economía existe justamente por las personas.
Cualquiera que estando o no de acuerdo con esta valoración, siga la misma lógica, entendería mi desconcierto derivado de la lectura del artículo 3 del anteproyecto. El homólogo del actual texto constitucional fue enmendado en 2002. La redacción definitiva del artículo refrenda la soberanía popular y el carácter irrevocable del sistema socialista, en ese orden. Tomando en cuenta lo que he venido exponiendo, considero un retroceso injustificable que la mentada irrevocabilidad se mantenga incólume en el tercer artículo del anteproyecto y que no se mencione al pueblo soberano sino hasta el artículo 10. Entre ambos preceptos existe a mi entender una contradicción sobre la que me pronunciaré en otra oportunidad, pero no podía pasar el punto sin hacerla notar.
Por otro lado, los artículos 5 y 6, son dos de los exponentes principales de la alta politización inherente a todo texto constitucional, del documento que se pretende aprobar. La regulación formulada en el artículo 5 que consagra al Partido como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado no deja de provocar dudas si se contrasta con el art. 97 que reconoce a la Asamblea Nacional del Poder Popular como el órgano supremo del poder del Estado. ¿Ante un eventual choque de trenes qué debería prevalecer, la postura que adopte la ANPP o el Partido?
Por otro lado, creo que la Constitución ya nace con un vicio de ficción al consagrar una sociedad que hace mucho tiempo dejó atrás las décadas de los 60 y 70. Como joven cubano que soy nunca me he sentido particularmente identificado con la UJC, creo que la mayoría de sus líderes han perdido todo tipo de contacto con el grupo social al cual se supone representan y salvo contadas excepciones, los miembros de la base no ven en la institución otra cosa distinta a una incómoda obligación de reunirse una vez al mes (en el mejor de los casos).
Una organización así no merece ser mencionada por el texto constitucional. No obstante, si de nombrar instituciones se trata, pienso que, con virtudes y defectos, la FEU ya se ha convertido por su antigüedad en un patrimonio político de todos los cubanos. Si una organización mereciere ser mencionada en el texto, es esta precisamente, máxime cuando en su historial se encuentra el mérito de haber contribuido a la caída de dos tiranos, Machado y Batista. La FEU de hoy no se parece mucho a la de antaño, pero el actuar de algunos de sus integrantes actuales no debe eclipsar la gloria y sacrificio abnegado que impregnan su historia.
Por otro lado, la técnica legislativa del mentado anteproyecto no deja de ser sui generis, si tomamos como referente a otros textos de la región como el de Venezuela, Ecuador o Bolivia. Siguiendo la sistemática de la vigente Constitución, en el texto que se somete a consideración popular se enmarca el régimen relativo a la propiedad, no en el Título correspondiente a los derechos fundamentales, sino en el relativo a los fundamentos económicos. O sea, en Cuba la propiedad no es un derecho de las personas, es una mera herramienta en manos del Estado para implementar sus políticas económicas, independientemente de que se trate de propiedad estatal o no. De esta concepción tan poco atinada jurídicamente hablando, derivan toda una serie de consecuencias desfavorables para los titulares tales como la imposición de limitaciones excesivas que desconfiguran la naturaleza del derecho en sí -recordemos que hasta el cercano 2011, los propietarios cubanos tenían vedada la posibilidad de vender libremente algunos bienes de su propiedad personal como la vivienda– o la configuración legal de un procedimiento expropiatorio poco garantista.
Si comparamos los pronunciamientos del anteproyecto sobre la propiedad con otros textos de la región, notaremos remarcables diferencias. Al contrario de sus pares foráneos, el anteproyecto no crea un auténtico derecho subjetivo a la propiedad -no aborda las facultades que comprende, ni lo reconoce como tal- sino que enumera una serie de supuestos que el Estado admite con serias limitaciones.
La técnica empleada tanto por el anteproyecto como por la actual constitución, es un vestigio de la influencia legislativa que en nosotros tuvieron los países del antiguo campo socialista. Los hechos que originaron esta forma de legislar se remonta a la década del 20 del pasado siglo en la Rusia de entonces. Durante la aplicación de la política de Comunismo de guerra en el marco de la Guerra civil rusa, los bolcheviques creyeron estar en condiciones de desterrar del aún joven estado soviético esta institución burguesa.
La insostenibilidad del comunismo de guerra y la consecuente implementación de la Nueva Política Económica auspiciada por Lenin, demandaron la reivindicación legal de la propiedad, no obstante, negándose a dar su brazo a torcer del todo, los soviéticos no admitieron el retorno de la propiedad privada, sino de distintos tipos de propiedad, como la estatal -por supuesto-, la campesina, la personal, entre otras, siendo estas últimas en realidad supuestos de propiedad privada, al encontrarse en manos de personas, naturales o jurídicas, distintas del Estado.
En esta misma sede, no deja de llamarme la atención los artículos 19 y 22. Sobre el primero me pregunto: ¿cuáles son los medios fundamentales de producción? O más aún, ¿cuál es el criterio que se sigue para discriminar entre lo fundamental y lo accesorio?
En cuanto al otro precepto mencionado, su redacción no parece ser la más feliz. La intención es loable ciertamente. La concentración de mayor riqueza y propiedad en una cantidad menor de sujetos es uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad el día de hoy. No considero que la concentración de la riqueza sea un fenómeno negativo por sí, de no ser por la consecuencia lógica que trae aparejada: en este planeta en que habitamos -donde la mayoría de los recursos son de naturaleza finita- el que unos pocos concentren riqueza implica necesariamente que otros muchos carecerán de esta.
No creo que la intención del constituyente cubano deba estar dirigida a limitar a unos, sino a crear las condiciones propicias para que se implementen los postulados de la justicia social. Es por ello que considero que en lugar de ordenar que se evite la concentración de la propiedad, lo que debería enunciar el precepto es una obligación del Estado de tributar a una distribución equitativa de la riqueza y, por ende, de la propiedad.
Dejando un poco de lado las disquisiciones teóricas, valoremos pragmáticamente el artículo en comento y sus posibles consecuencias, ante la realidad nacional de nuestro país, el cual en breve podría dejar de pertenecer al tercer mundo y no para pasar al primero precisamente… Piénsese en un ciudadano cubano que emprende un negocio privado que le reporta una fuente de ingreso lo suficientemente holgada como para en su momento poder adquirir la vivienda de propiedad personal que la legislación cubana le permite. Pasado un periodo prudencial, igualmente se adjudica el automóvil acorde a las regulaciones que la legislación cubana prescribe.
A medida que transcurra el tiempo, ese ciudadano igualmente volvería a acumular activos, los cuales no podría invertir dadas las limitaciones que le impone la ley. Habría entonces tres opciones: primera: contemplar como su patrimonio se acumula ociosamente en una cuenta bancaria; segunda: usar testaferros para la realización de nuevas inversiones -decisión arriesgada dada la inseguridad jurídica que trae aparejada- o tercera: adquirir divisas extranjeras en el mercado negro para enviarlas fuera del país. De aplicarse esta última variante de modo generalizado significaría que un país tan ávido de capitales para su desarrollo como el nuestro, pasaría a ser exportador de los mismos.
En este sentido, no puedo evitar tener impresiones encontradas sobre el artículo 28 del anteproyecto. Es más que loable que el Estado cubano constitucionalice su voluntad de amparar jurídicamente la inversión extranjera existente en la Isla. De cara al mercado internacional ello tributaría a dar una mejor imagen del país, pero… ¿acaso los cubanos no merecemos también que nuestro propio Estado proteja nuestras inversiones?
Es cierto que, por causas harto conocidas por todos los cubanos, la inversión foránea tiene más potencial que la autóctona de contribuir al desarrollo nacional en el corto plazo. Esto no se debe solamente a las dinámicas de la economía nacional e internacional, la legislación cubana también ha desarrollado un rol cuestionable al respecto.
Sobre el precepto siguiente -el 29- no puedo evitar mirarlo con cierta suspicacia. El que la propiedad privada sobre la tierra se regule por un régimen especial no es por sí algo negativo, al menos no en principio. La preocupación viene dada porque el precepto en comento avala constitucionalmente el actual régimen jurídico que informa al Derecho agrario en nuestro país. Las severas regulaciones que la legislación actual prescribe al agro nacional, sumado a la excesiva intervención del Estado -no exenta de paternalismo- en asuntos que por su naturaleza deben ser atendidos por los propios campesinos, y no por los funcionarios desde la comodidad de sus oficinas aclimatadas.
La particularidad con que el ordenamiento jurídico dote a esta forma de propiedad, debe estar dirigida primordialmente a evitar la concentración de las fincas rústicas existentes en el país en un número reducido de individuos, pero en ningún caso sería legítimo que se adulteren las facultades inherentes del derecho de propiedad -uso, disfrute y disposición- como sí ocurre hoy día según el criterio de no pocos expertos.
Los tiempos que vivimos son de reflexión y debate, y los cubanos debemos estar a la altura de la coyuntura nacional que se vive. El debate sobre la futura constitución es el escenario ideal para poner una vez más el catalejo al revés e intentar entender qué está pasando en nuestra casa.

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