Política en Cuba

Comentarios a la Constitución ¿socialista? III

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

Desde los lados en que se agrupan los actores del espectro político, provienen voces proselitistas llamando a la ciudadanía cubana, a tomar tal o más cual postura de cara al venidero referéndum constitucional. Es curioso, por no decir preocupante, el modo en que solemos tomar a la ligera este concepto: ciudadano.

El ser reconocido como tal, trae aparejado todo un conjunto de derechos y deberes que vinculan a la persona con el Estado en cuestión. El referente a la ciudadanía, es un tema que el actual proyecto constitucional aborda con una regulación que pretende adaptarse a la realidad de la Mayor de las Antillas, pero que no escapa al ojo crítico de la opinión pública.

Según los romanos antiguos, había al menos dos formas de acceder a la ciudadanía: el ius solis -o derecho de suelo- y el ius sanguinis -derecho de sangre-. El uno y el otro vienen a legitimar la concesión de la ciudadanía, a aquellas personas que nazcan en el territorio del Estado en cuestión, o desciendan de sus ciudadanos, respectivamente. En ese sentido, me causa dudas lo regulado en el art. 34.a) al referirse a los requisitos y formalidades para el caso de

los hijos de los extranjeros no residentes permanentes en el país.

O sea, el proyecto ordena que se condicione en la ley un status que, a mi juicio, es adquirido de forma automática por el mero hecho de nacer en suelo cubano. No sé si estaré pecando de extremista, incluso, no dudo que soluciones similares abunden en el derecho comparado, es solo que no me parece correcto que se supediten los derechos de las personas que pudieren ser afectadas por el mandato constitucional, al status migratorio de sus progenitores, al fin y al cabo ¿qué culpa tienen los recién nacidos?

Otro aspecto que ya hemos señalado y que no fue modificado tras el proceso de consulta popular, pero que por su importancia remarcamos, es el referente al artículo 38. El precepto en cuestión prevé la posibilidad de que los cubanos podamos ser privados de nuestra ciudadanía por causas legalmente establecidas. Esta fórmula es usual, hacia los ciudadanos por naturalización, pero al no hacer la distinción, se deja abierta la posibilidad de que en su día, un cubano por nacimiento pueda perder su condición de tal, supuesto este que en lo personal me resulta poco menos que atroz.

A lo largo del texto encontramos preceptos cuya incorporación es merecedora de un aplauso atronador, tal es el caso del artículo 41. Al imponer al Estado cubano la obligación de reconocer y garantizar los derechos humanos a las personas, el texto se acerca mucho a la usanza internacional. No obstante, un análisis sistemático del proyecto de Constitución nos provoca serias dudas respecto a su efectiva implementación, dada las contradicciones, algunas evidentes, otras implícitas, existentes a lo interno de su regulación.

Los cubanos hemos crecido oyendo decir que el sistema de la Isla es lesivo a los derechos humanos por ser de partido único.

Según tengo entendido, no existe un derecho humano al pluripartidismo.

Lo que sí establece esta tan manipulada doctrina, es el derecho a la libre asociación, que comprende no solo la posibilidad de conformar partidos políticos, sino también sindicatos, ONG´s o cualquier tipo de organización como los movimientos sociales, que con un discurso y pretensiones aparentemente renovadoras, parecen destinados a suplir el rol que tradicionalmente han desempeñado los partidos políticos.

Siguiendo esta lógica: si todos los cubanos somos iguales, si las ideas de unos no valen más que las de otros -al menos es imposible establecer un estándar que previamente jerarquice la calidad de las ideas-, por qué esos que se hacen llamar comunistas merecen tener una organización que se arrogue el título de fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, cuando a mi modesto entender,

tal liderazgo lo debe reconocer la sociedad a raíz del trabajo del día a día

y no debe ser impuesto por un precepto constitucional ni de ningún otro tipo.

A favor del modelo en cuestión, se arguye la necesidad de aglutinar a los cubanos entorno a un mismo ente político en pos de la unidad nacional, evocando cierta analogía entre el PCC actual y el PRC martiano. Sin querer entrar en el análisis del efectivo cumplimiento o no del objetivo propuesto, resulta necesario hacer una aclaración histórica:

José Julián Martí Pérez, no creó el Partido Revolucionario Cubano con fines electorales, ni con la intención de que formara parte de la estructura constitucional que posteriormente se diera la República -artículos 4, 5 y 6 de las Bases del PRC [1]- por lo que el mismo habría de autodisolverse una vez ganada la guerra -de hecho, ese es el motivo por el que Tomás Estrada Palma procede a su liquidación-.

Tomando en cuenta lo anterior, resultaría difícil la analogía entre el partido de Martí y el actual PCC. Por otro lado, la estructura actual que se ve refrendada casi sin alteraciones en el proyecto constitucional, no consigue reflejar las disímiles posturas políticas y corrientes de pensamiento que hacen vida en la Mayor de las Antillas.

Propongo un experimento: entablemos un diálogo nacional en el que los no militantes acordemos aceptar de una vez y por todas el modelo actual, siempre y cuando el Partido pase a denominarse y acoja la filosofía neoliberal -no necesariamente porque la profesemos, solo con la finalidad de marcar los contrastes-. La reacción adversa por parte de la auténtica militancia comunista no se haría esperar. ¿Ahora se entiende el punto?

Si es necesaria la existencia de un partido único que una a la ciudadanía entorno a un proyecto de país común, entonces la situación internacional resulta realmente precaria: en tal caso solamente países como Corea del Norte, China, Viet Nam, y alguna que otra nación que se me queda en el tintero, son capaces de lograr este noble fin. Ergo, la mayoría de los pueblos del mundo se encuentran desunidos; quizás esta dura realidad explica la tendencia migratoria cubana de las últimas décadas, respecto a muchas de esas naciones:

están llevando a cabo una noble y ardua misión de solidaridad internacionalista.

La sistemática constitucional resulta por tanto incoherente con el mensaje del artículo 41, elemento que seguramente fue resaltado durante el proceso de consulta popular. En plena consonancia con la situación anterior,

resulta preocupante la ausencia de una condena expresa a la discriminación por motivos políticos,

deficiencia que ya se veía presente en el anteproyecto. Me pregunto si solamente yo la habré hecho notar durante el proceso de consulta popular…

Salvando la observación anterior, hay una causal de discriminación expresamente condenada, cuya futura aplicación merece toda la atención de la opinión pública cubana: me refiero a la discriminación por origen territorial. Entre nosotros el gentilicio palestino, no se utiliza solamente para referirse a los naturales de esa región del Medio Oriente, sino que de forma francamente despectiva, se emplea en alusión a aquellos que -como quien escribe- provenimos de alguna provincia del Oriente del país.

Esta triste realidad parece inexistente de cara al aparato mediático oficialista que simplemente no la reconoce. Lo que sí proviene de la institucionalidad, específicamente la judicial, es la imposición en calidad de sanción, del destierro de la Capital de aquellas personas que no poseen domicilio en la misma. La idea de que a algunos ciudadanos, se les prohíba la entrada a La Habana, hace que el eslogan de “La Habana, la Capital de todos los cubanos” parezca francamente hipócrita. No pretendo ponderar unos dolores por encima de otros, pero antes de dar cobertura a la crisis migratoria de América Central, los medios y autoridades de la Isla deberían hacer frente al problema en comento.

Notas

[1] Obras Completas de José Martí. VOL I CUBA. Política y Revolución 1, 1869-1892, Centro de Estudios Martianos, Edición digital, pp. 279-280.

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