Política en Cuba

Comentarios a la Constitución ¿socialista? IV

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

Por otro lado, el artículo 48 representa uno de los más notorios avances que en materia de derechos (de la personalidad en este caso) logra el proyecto. Al reconocimiento usual de figuras tradicionales -intimidad, honor, identidad personal e imagen- se suma el expreso reconocimiento de un derecho a la voz, el cual tradicionalmente se ha visto comprendido dentro del de la imagen.

La efectiva materialización de este artículo, es uno de los ingentes desafíos que se plantean al ordenamiento legal nacional, el cual seguramente será objeto de modificaciones al efecto.

Luces y sombras se suceden a lo largo del proyecto de Constitución,que adquieren tonos grisáceos -por decirlo suavemente- la mayoría de las veces en que el texto usa la fórmula “autoridad competente”, a la que en la mayoría de los casos la prudencia recomendaría incluir el término “judicial”.

La ausencia tan señalada de un Tribunal Constitucional (o alguna otra figura similar), sumada la tradicional hipertrofia de la Administración pública en detrimento de las competencias reconocidas a los tribunales me transmite la percepción muy personal de que el sistema de justicia permanece -y permanecerá de modo indefinido- como la prolongación de un organismo torpe y deforme que, cual brazo raquítico,

es incapaz de cometer su última y primordial función: impartir justicia.

Al artículo 51 poco se le puede reprochar, eso sí, requiere que en una posterior reforma del Código Penal, se tipifique la tortura como delito, lo cual hasta el momento en que son escritas estas líneas, no ocurre. De poco valdría que la futura Constitución condene esta práctica deplorable, si el ordenamiento jurídico no lo condena con toda la fuerza que merece.

Otro avance notable lo constituyen los artículos 54 y 55, quienes vienen a refrendar con una mejor técnica, lo que el artículo 53 de la actual Constitución denomina “libertad de palabra y prensa”, restringido a los ciudadanos, error técnico garrafal, pues la libertad de expresión no es un derecho susceptible de limitarse por razón del origen nacional. A pesar de que la regulación del proyecto supera con creces la anterior, se siguen empleando conceptos jurídicos indeterminados: “se ejerce de conformidad con (…) los fines de la sociedad.”

Toda Constitución se ve obligada a usar términos ambiguos, o de una notoria generalidad. Esta aparente falencia, es suplida mediante la interpretación judicial, la cual va mirando con diferentes ópticas los postulados legales, que si bien se mantienen, han de aplicarse a contextos temporales muy distintos. El modo en que hoy aplica el Tribunal Constitucional español la Carta Magna de ese país, difiere en varios puntos al modo en que lo hizo en 1978, por no hablar del caso estadounidense cuya Constitución, aunque muy enmendada, data de 1787, por solo citar dos ejemplos.

Retomo una vez más la peligrosa ausencia del control constitucional en sede judicial. Sin ánimo de pecar de extremista, me atrevería a afirmar, que sin este,

la Constitución nace muerta

y podrá ser relegada a la condición de un mero objeto decorativo, pasada por alto por las élites gubernamentales a su libre arbitrio.

La defensa de los derechos patrimoniales, ha sido uno de los elementos que más ha instado a constituyentes y legisladores a constituir un poder judicial fuerte. El referente a la propiedad, y dentro de esta la figura de la confiscación, han generado históricamente arduos debates.

La Convención de 1940 por su parte, tuvo una postura prácticamente unánime en cuanto a su prohibición -sin negar ciertas “cuestiones técnicas” que sí eran motivo de discordia- siendo Eduardo R. Chibás uno de sus más encarnados opositores [1]. Las posturas extremas oscilan entre la prohibición absoluta, criterio acogido por la propia Carta del 40 o simplemente lo autorizan, remitiendo a la ley su posterior regulación, tal como hacen la constitución de 1976 y el proyecto constitucional…
Aunque otros textos de la región como la Constitución venezolana de 1999 adoptan una saludable postura intermedia, permitiendo la confiscación solo para determinados tipos de delitos, lo cierto es que la posibilidad de que el Estado pueda despojar a sus habitantes de sus bienes -existiendo o no un delito previo- resulta una herramienta en extremo peligrosa que debe ser visto con desconfianza por el constituyente y analizada minuciosamente por el legislador.

La prudencia llevó a nuestros constitucionalistas de 1940 a desterrarla de nuestro ordenamiento jurídico,

lo cual no implica la impunidad de aquellos que cometan delitos de índole económica o vinculados a las drogas.

Existen otras figuras como el Comiso -actualmente prevista en el Código Penal-, que a criterio de quien escribe resultan más adecuadas a los fines para los que suele emplearse.

No es este el espacio para extenderse en exceso en el análisis de ambas figuras -confiscación y comiso-, baste decir que la primera da un margen de actuación mucho mayor a la autoridad que le emplea, que dicho sea de paso, no necesariamente debe ser un juez, según lo que establece el proyecto. La situación se torna particularmente alarmante, si tomamos en cuenta que en nuestra realidad social, los conocimientos técnicos del Derecho Administrativo de nuestros funcionarios, suele verse relegado por otros aspectos mucho más llamativos como la formación político-ideológica.

A lo largo del texto constitucional, se suceden los artículos, que regulan ya bien o de un modo con el que no concordamos, las diversas instituciones haciendo rejuegos de términos cuya diferencia cuesta trabajo dilucidar:

¿cuál es la diferencia entre nominar y proponer a los efectos del artículo 80.b)? ¿cuándo se considera que se está “nominando” y cuándo “proponiendo” a un candidato?

Quizás, una sola consulta popular no haya sido suficiente después de todo…

El artículo 82 del proyecto es sin dudas uno de los más polémicos del texto, no solo por la institución que encierra (el matrimonio) sino por poner en evidencia el carácter meramente consultivo de la consulta popular. No tengo datos que confirmen o nieguen que el 50% más 1 de las opiniones emitidas al respecto durante la consulta popular, se manifestaron en contra de la innovación que se le hace a la institución en cuestión -y que en lo personal, por razones esgrimidas en otros espacios, apoyo-, no obstante la sustitución de unión(…) entre dos personas por institución social y jurídica -concepto teórico elaborado en su momento por la Dra. Olga Mesa Castillo- demuestra cuán fácil es cambiar para que todo siga igual. Tal vez en este precepto, más que en ningún otro esté contenida la esencia del verdadero espíritu de la futura Constitución…

Reflexionemos cubanos, son muchos los elementos a tener en cuanta, ninguno se puede tomar a la ligera, y el tiempo se agota…

Notas:

[1] Diario de sesiones de la Convención Constituyente de 1940, Vol 1, No 29. Sesión de 6 de mayo de 1940.

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