Política en Cuba

Comentarios a la constitución ¿socialista? II

Por Ernesto Gutiérrez Leyva

En lo referente a la propiedad, nuevos escollos se suman. No solo se ha mantenido su desacertada sistematicidad, no solo se comete la pifia teórica ex art. 22-g) de hablar de bienes que no constituyen medios de producción -dicen los marxistas que en esta categoría caben todos los bienes, no solamente la fábrica o el hotel, la ropa que nos cubre clasifica también como medios de producción-, sino que desaparece el reconocimiento expreso al carácter abierto de la lista que enumera los tipos de propiedad.

Me pregunto qué cubano habrá pedido este cambio durante el proceso de consulta popular.

Los artículos 23 y 24 son un claro intento de conciliar la tradición legislativa legada por la influencia soviética y la occidental, más atemperada a nuestro espíritu e idiosincrasia. En una técnica muy sui géneris, el texto constitucional intenta regular -como si quisiera que nadie se entere- bajo el nombre de propiedad socialista de todo el pueblo, lo que en el derecho comparado común son las figuras referentes al Patrimonio de Dominio Público y Bienes Patrimoniales del Estado .

En el caso de los primeros, aunque tienen trascendencia de cara a la economía, no muestran un perfil necesariamente mercantilista. Sería este el caso del subsuelo del Estado, los lagos, ríos, mares interiores -que es cierto, pueden ser destinados a una actividad económica como la minería, pesca o generación de electricidad, y nunca podrán pasar a manos privadas- aunque también pueden abarcar otros bienes y derechos, siempre y cuando los mismos estén absolutamente sustraidos del tráfico mercantil. En este caso, la titularidad estatal se fundamenta, en el legítimo ejercicio de la soberanía antes que en una finalidad económica.

El común denominador de todos ellos es la imprescriptibilidad, la inalienabilidad y la inembargabilidad. En el primer caso se pretende salvaguardar dicho patrimonio tanto del poder legislativo como de particulares -al prohibírsele a la ley que prevea plazos en virtud del cual podrían pasar a manos privadas-, el segundo impide que sea vendido o donado por el gobierno -poder ejecutivo-, y el tercer rasgo veda a los tribunales la posibilidad de dirigirse contra ellos vía embargo.

Por Bienes patrimoniales del Estado -a quienes prefiero llamar simplemente Patrimonio estatal, pues independientemente de su fin, todos los bienes son de naturaleza patrimonial- nos referimos a aquellos que pueden destinarse a una actividad económica de naturaleza mercantil: empresas, infraestructuras como aeropuertos, las de puertos marítimos o determinados inmuebles propiedad del Estado.

Bajo la figura de la propiedad socialista de todo el pueblo, el aún proyecto de Constitución, regula unos y otros en los artículos 23 y 24 respectivamente. Partiendo de la explicación anterior, no concuerdo con el carácter inembargable que le adjudica el texto a los referidos bienes, lo cual supone serios inconvenientes.

Veamos: El Estado cubano acuerda constituir una empresa mixta sobre alguna de las mencionadas infraestructuras, digamos por ejemplo una terminal del Puerto del Mariel a fin de que con su capital, el inversionista extranjero la modernice. Supongamos que el Estado cubano no cumple sus obligaciones financieras para con el socio extranjero, cosa rara esta, pero posible ante lo cual se dirige ante el tribunal competente con la pretensión de que se dicte un embargo sobre la terminal en que él mismo invirtió en calidad de resarcimiento.

En realidad, sería infructuoso su actuar, dado que la Constitución veda esta posibilidad. Aparentemente el Estado gana por todas partes: no paga y mantiene una terminal portuaria con tecnología de punta. El caso es, que previo a la concertación del contrato, los asesores jurídicos del inversionista extranjero lo pondrán sobreaviso respecto a lo establecido en la legislación cubana, lo cual provocará que solamente un número reducido de inversionistas estén dispuestos a invertir en nuestro país,

lacerando la credibilidad del Estado cubano y teniendo que aceptar cláusulas leoninas en futuras negociaciones.

El artículo 28, relativo al reconocimiento expreso a la inversión extranjera, ciertamente ha sido objeto de debate durante la consulta popular. Resulta interesante encontrar en solitario este artículo -o sea, no existe uno similar para la inversión nacional-, en una nación que se precia de ser nacionalista y que en la década de los 60 libró una furiosa cruzada contra toda forma de propiedad privada, empezando justamente por la extranjera.

He ahí quizás, la génesis de lo que ha llevado al constituyente cubano a contravenir su naturaleza privilegiando esta práctica, con su expreso reconocimiento constitucional. La ola expropiatoria aniquiló al vigoroso capital autóctono. Los efectos adversos a ello no se hicieron sentir en tanto el socialismo real nos llegaba en tubería desde el Báltico, pero el que la bandera de los zares volviera a isarse en el Kremlin, ha obligado a las autoridades cubanas a ser verdaderamente realistas. Paradójicamente,

un proceso político que tuvo entre sus primeros objetivos terminar con la dominación económica extranjera, la termina consagrando oficialmente en la constitución,

cosa que no hicieron sus antecesoras de 1901 y 1940, tachadas en más de una ocasión de burguesas, con la más despectiva de las intenciones.

La interpretación sistemática de los artículo s 23 y 29, realmente dejan bastante que pensar, sobre todo si se está vinculado al sector agropecuario. El último de los preceptos no hace sino consagrar constitucionalmente el régimen jurídico vigente para el sector agropecuario. Siendo sobriamente objetivos, tenemos que reconocer que el espíritu justo y reivindicador de la I Reforma agraria, ha quedado relegada a los libros de Historia. Hoy día, los campesinos, propietarios tienen vedada la libertad de disponer -vender, donar e inclusive testar- sobre la tierra que formalmente les pertenece en propiedad.

Si el titular desea venderla, solo puede ofrecerla al Estado, quien da por ella el precio legal, las donaciones entre particulares requieren el consentimiento estatal y en cuanto al régimen de la herencia ocurre lo siguiente:

la figura del testamento no tiene cabida en esta sede.

Solo los herederos legales podrán suceder al propietario fallecido siempre que hayan trabajado la tierra en forma permanente y estable desde cinco años antes de la muerte.

¿Y qué pasa si alguno de los herederos no cumple con estos requisitos? “Seguro su porción de la tierra es repartida entre los demás herederos y estos lo indemnizan”. Fue lo que pensé mientras recibía por vez primera la conferencia sobre el tema en la Facultad de Derecho. Pues no señores, Papá Liborio se adjudica la porción de la tierra en propiedad y si lo estima conveniente la cede en usufructo a los demás coherederos.

Este régimen legal evidentemente diseñado para propiciar el traslado gradual de la tierra a manos del Estado en detrimento de los pequeños propietarios, se complementa ahora con lo establecido en el artículo 23 del proyecto:

una vez que la tierra pasa a manos del Estado, se considera propiedad socialista…etc, …y no pueden transmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas…

O sea, que una vez que se entra a ese régimen no se sale. Llegará por tanto el día en que nos levantemos y no encontremos en Cuba ni a un solo agricultor pequeño, tal y como los conocemos, solo habrá usufructuarios y marabú, mucho más marabú, dado que el modelo actual lejos de cosechar éxitos, ha dado muestras más que evidentes de necesitar una urgente sustitución.

En el contexto actual que vivimos, en que alabamos las recetas económicas que nos llegan desde Beijing o Hanoi, llama la atención como el alumno parece no querer imitar al maestro:

fue justamente la agricultura uno de los primeros sectores de la economía china que fue beneficiada en su momento con políticas de liberalización,

estrategia esta que ciertamente consiguió su objetivo: incrementar la productividad del agro chino.

Por otro lado la redacción del artículo 30 no deja de causarme cierta perplejidad: ¿finalmente aceptará el Estado la concentración de la propiedad en personas no estatales? Ese fenómeno, al cual ya nos referimos en otra oportunidad, es un mal propio del capitalismo, y no nos queda remedio que resignarnos ante él, al menos así lo considero a largo plazo. No obstante, no soy conteste con el enfoque del artículo: aparentemente existe una concentración buena -la estatal- y una mala -la privada-. Como buen cubano, soy víctima de la principal opresora en Cuba: ETECSA, esa empresa que impone precios prohibitivos argumentando razones de mercado, pero que no admite competencia invocando en carácter de servicio público de su actividad.

Que pretendo decir con esto:

no importa si la empresa pertenece a un Rockefeller o al Estado más socialista del mundo.

Todo gigante tiende a aplastar a los pobres liliputienses cercanos a él, máxime cuando dicho coloso no tiene rival en el mercado que le obligue a competir y ser eficiente.

El proyecto constitucional, ciertamente da que pensar. Muchas han sido las esperanza depositadas en él. La idea de que todo se solucionará cual acto de magia una vez que entre en vigor, parece desmoronarse ante un análisis mesuradamente objetivo de su contenido, el cual seguiremos diseccionando en momentos posteriores.

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