Política en Cuba

Comentarios a la Constitución ¿socialista? I

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

El venidero 24 de febrero los cubanos estamos convocados a las urnas, a fin de pronunciarnos sobre el proyecto de Constitución, cuyo proceso de elaboración ha monopolizado la atención naciona, y seguramente ha ocupado un puesto envidiable en el mundo mediático extranjero.

Independientemente de que nuestra intención vaya encaminada a dar un “sí, acepto” o un “guarde ud. ese documento”, acorde al más intransigente estilo maceísta, sería saludable detenernos a realizar una sobria reflexión entorno a algunos de los rasgos que caracterizan el texto, a fin de tener sólidos argumentos en los que sustentar nuestra posición.

En momentos anteriores realizamos algunas observaciones entorno al anteproyecto constitucional [1] [2] [3] [4] . Muchas de ellas siguen teniendo perfecta vigencia, dada la enorme similitud que guardan el texto sometido a consulta popular y el que la Asamblea Nacional unánimemente aprobara y remitiera a posterior referéndum.

Persiste en el documento una estructura sui géneris, que independientemente de su contenido, resulta muy encomiable en algunos casos, mientras que en otros, no estamos muy de acuerdo con la labor del constituyente.

Algunos casos, requieren cierta entelequia teórica para refutar hechos como que el texto primero se pronuncie respecto a los fundamentos económicos y de la política educacional, científica y cultural, antes que en lo referente a la ciudadanía.

La población es un rasgo inherente a todo Estado, o sea, en ausencia de aquella no existe este, por lo que por elemental lógica, debe privilegiarse con un lugar preferente en el índice del texto.

En otros aspectos no podemos ocultar nuestra perplejidad: ¿quién es el órgano investido con la potestad legislativa en la República sino la Asamblea Nacional -hagamos abstracción del rol desempeñado por el Consejo de Estado-? Entonces, ¿por qué lo referente a las disposiciones normativas se regula en un capítulo distinto y muy lejano al correspondiente a la Asamblea Nacional? Ni siquiera cabría la excusa de que las disposiciones normativas no son solamente las emitidas por el legislativo, sino todas aquellas comprendidas en la pirámide normativa -constitución, tratados internacionales, leyes, decretos leyes, decretos presidenciales, decretos, resoluciones, etc-, dado que con excepción del artículo 165 2do párrafo, el capítulo en cuestión solo se refiere a aquellas.

El preámbulo constitucional tampoco queda exento de observaciones: el texto en cuestión está redactado basándose en una cosmovisión histórica muy parcial, no exenta de estigmatización sociológica – “…explotación impuesta por capitalistas, terratenientes y otros males sociales…”- hacia sectores sociales de cuyo seno, admitámoslo, emanaron muchos de los mejores hijos de nuestra patria: Céspedes solo pudo liberar a sus esclavos porque era dueño de un ingenio azucarero en primer lugar, y en cuanto a otras personalidades históricas cubanas, pues no hay motivos para pensar que sus exhaustivos estudios de El Capital, hayan empezado mucho antes de 1959.

En esta parte de la Constitución también se adoptan decisiones osadas, como la mención expresa de personalidades cuyo legado -dada su proximidad en el tiempo- es aún objeto de debate.

En el derecho comparado encontramos ejemplos que demuestran la prudencia con que estos menesteres suelen tratarse.

Piénsese en la Constitución de la hermana Venezuela, en cuyo preámbulo, amén de la invocación divina, solo se menciona al Libertador Simón Bolívar. Incluso va más allá al disponer que los restos mortales de los personajes ilustres de ese país que hayan prestado servicios eminentes a la República, solo podrán ingresar al Panteón Nacional pasados 25 años de su deceso. La causa: permitir que el paso del tiempo calme los ánimos y las pasiones, en aras de propiciar una sobria y objetiva valoración del legado de la personalidad en cuestión, de cara a autorizar el ingreso.

Otro aspecto que no ha pasado inadvertido al ojo agudo de la ciudadanía es la modificación en la redacción que en su versión definitiva menciona a los movimientos marxistas y leninistas. No soy experto en el tema, pero voces autorizadas ya han expuesto sus puntos de vista al respecto. Hayes Martínez ha declarado recibir la separación de ambos términos con beneplácito. Al respecto reflexiona: Asumamos el hecho de que el marxismo es muy variado. Si se habla de este en la constitución -de manera más incluyente- se pasa a aceptar por marxismo a corrientes diferentes del leninismo…”
(…)
No me queda muy claro que la constitución hable de esa inclusión, y de la validación de todo ello, ya que hay tendencias que pueden ser contrarias -dado el carácter altamente politizado en el interior del marxismo- con posturas “marxistas” oficiales. Es decir, reconocer y aceptar los marxismos, es reconocer y aceptar -sobre todo dialogar- también una amplitud de posturas teóricas y políticas marxistas que van desde anarquistas hasta socialdemocratas. ¿Es eso lo que busca la constitución?
(…)
Imagínese que en la Constitución dijera en vez de marxismo: física, matemática, biología, cibernética, ciencias de la información, etc, que nos guiaremos por los principios de cualquiera de esas ciencias. ¿Suena extraño, e imposible no?
(…)

Carece eso de coherencia ya que cualquiera ciencia no es homogénea a lo interno. Cualquiera de ellas alberga en su interior diferentes paradigmas, puntos encontrados, corrientes, mucha diversidad. Además de que podríamos preguntarnos cómo sería, si se violan los principios de esa ciencia en la nación que la tome como guía.

(…)
Parece que los árboles aún no nos dejan ver el bosque. Aunque se agradece la intención, y hay quienes piensan que es un gran avance para librarnos del marxismo-leninismo (igual podríamos decir dogmatismo estalinista) seguimos dándole una connotación ideológica al marxismo, un rasgo marcadamente estalinista, y que resulta parte esencial de esa construcción teórica.”

Siguiendo la lógica del autor, nos remitimos al artículo 5. A los inconvenientes que tradicionalmente se han señalado sobre su presencia en la Constitución se suma ahora una duda muy personal: El precepto califica al PCC como fidelista, ahora bien, teóricamente hablando

¿qué implica ser fidelista?

¿Existe una construcción teórica cimentada al respecto? Vuelvo una vez más sobre lo obvio: la proximidad en el tiempo del período en que vivió Fidel Castro, no permite una análisis exhaustivo del vasto legado de la figura en comento. La decisión de incluir el término tiene como móvil evidente una manifiesta intencionalidad política, pero cuando conceptos como este se lleva a los planos legales, sí debe existir un preclaro y definido concepto de los términos empleados.

Una de las preguntas que desde hace ya bastante tiempo nos hacemos los juristas cubanos, versa entorno a la jerarquía de los Tratados internacionales ratificados por la República. En otros ordenamientos poseen un status superior a la ley, en otros se equiparan a estas o incluso ordenamientos más modernos como el venezolano o el boliviano les reconocen jerarquía supraconstitucional cuando de derechos humanos se trate. El artículo 8 del proyecto cubano usa un ambiguo se incorpora o se integra

-¿cuál es la diferencia práctica entre uno y otro?-.

Es cierto, aclara que la Constitución prevalece por encima de estos tratados, pero no esclarece su jerarquía respecto a la ley común.

En un quimérico artículo 14, el proyecto de constitución termina innovando en la tradicional postura oficial al respecto, al reconocer el desempeño de las demás formas asociativas. Este precepto, implementado de buena fe, podría coadyuvar a una positiva ventilación y retroalimentación entre la sociedad civil nacional, la real quiero decir -esa que no es subvencionada por nadie, que no existe por la fuerza de un decreto ley, y cuya cobertura mediática no comprende ni a la Mesa Redonda ni al Canal 41- y cualquier otro interlocutor que pretenda apostar por el bienestar nacional.

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