Proceso de reforma constitucional en Cuba, análisis desde tu trinchera
Opinión,  Política en Cuba

Cuba en clave constituyente

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

El pasado 2 de junio, se presentaban ante la Asamblea Nacional del Poder Popular los integrantes de la Comisión encargada de elaborar la nueva Carta Magna. Como un televidente más de la sesión convocada al efecto, puedo decir que me dejó más interrogantes que respuestas. Para empezar: ¿se trata de un “proceso constituyente” o de una reforma al estilo de la ocurrida en 1992? El discurso mediático posterior a la sesión ha usado indistintamente ambos términos, los cuales por su alcance no son equiparables. Otro punto de incertidumbre es el de la lista de temas que ocuparán la agenda de la comisión integrada para llevar a cabo el proceso en comento.

Trátese de una reforma o de una nueva constitución, lo cierto es que un proceso de esta naturaleza siempre trae aparejado un doble impacto, uno en el ámbito político y otro en el jurídico. En el primer aspecto, siempre muy visibilizado por los medios de difusión masiva, podemos decir que el hecho de que Raúl sea quien preside la comisión denota la importancia que se le está dando al tema, al ser el I Secretario del Partido quien personalmente supervise este proceso. Por otro lado, creo que con este proceso se cierra una etapa de la que el propio Raúl es símbolo.

Muy poco se ha señalado por los medios que fue el General de Ejército quien en febrero de 1976 promulgara desde el teatro Karl Marx la Constitución que hoy a todas luces se pretende sustituir, tarea encomendada a una comisión regentada por él. El texto de 1976 fue la consagración del paradigma que perseguía la sociedad en ese entonces: el Comunismo. Actualmente, dicha meta ha sido discretamente desplazada por el anhelo de un “socialismo próspero y sostenible” quizás más al estilo del modelo vietnamita -algunos aún recordamos las recientes visitas efectuadas a la Isla por altas autoridades de la nación asiática y el intercambio de distinciones honoríficas: he ahí quizás un espaldarazo que nos llega desde el otro lado del mundo-.

La propiedad -un tema medular- es sabido será objeto de reforma para atemperar esta institución a la nueva realidad nacional. De hecho, la presencia en la comisión de personas que brillan con luz propia como la Dra. Johana Odriozola Guitart -una de las mentes más entendidas en la materia en todo el ámbito nacional y de quien este autor tuviera el honor de recibir alguna que otra conferencia magistral- denota la importancia que se le está prestando al tema por parte de la dirección política del país.

Desde la óptica jurídica, luces y sombras se proyectan sobre el proceso, primando a mi entender la incertidumbre de las segundas y humildemente intentaré explicar mi impresión. Cuando eran presentados ante el plenario de la ANPP los miembros que integrarían la comisión redactora, se hacía mucho hincapié en la representatividad de los mismos respecto a la sociedad cubana, y si bien es cierto que resulta meritorio el buscar este objetivo, no creo que sea primordial en este espacio. Podría parecer que ha habido un error conceptual respecto a la naturaleza de la comisión.

El máximo órgano representativo del Estado cubano y al cual la comisión debe obediencia es la ANPP, es a ella a quien corresponde -dada la ausencia de una Convención Constituyente a la usanza de 1901 o 1940-  dar el visto bueno al proyecto que se elabore antes de someterlo a consulta popular y posteriormente a referendo. La Asamblea Nacional es, por tanto, el órgano que debe ejercer el control político sobre el texto que se redacte. La comisión por su parte, debe ser un órgano eminentemente especializado, integrado por las mentes más brillantes y entendidas de las distintas ramas del saber que resultan relevantes en un proceso como el que tratamos.

La Academia, a mi modesto entender, ha sido la gran ausente en este proceso. No basta con voluntad política, es necesario para lograr un texto de calidad el uso de una técnica jurídica elaborada que nuestra academia -formada por la Revolución dado que los especialistas ingresaron a la enseñanza superior en fecha posterior a 1959- está en condiciones de dar. Sería una valiosa contribución por parte de la comunidad jurídica a la sociedad a la que se debe.

La ausencia de especialistas versados en temas a los que una Constitución moderna no puede ser indiferente puede redundar en un serio perjuicio para los destinatarios de la norma. No se trata solamente que se le de un tratamiento inadecuado a tal o más cual institución, sino que por desconocimiento del constituyente ni siquiera se le preste atención. Esos y otros tantos aspectos que deben ser saneados proyectan incertidumbre sobre un proceso más que esperado y en torno al cual los cubanos nos hemos creado espectativas.

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