Política en Cuba

Cuba hoy, en la encrucijada constitucional (III)

Por: Ernesto Gutiérrez

A lo largo de las últimas décadas, los cubanos nos hemos resignado a aceptar la burocracia y la inercia administrativa como males endógenos, y hasta normales, del funcionamiento de la maquinaria estatal. Al amparo del actual proceso constituyente que vive el país, podríamos plantearnos estas y otras cuestiones más, de cara a la configuración de una estructura estatal mucho más ágil y eficaz. E

Elanteproyecto de constitución que pretende aprobarse el próximo año, introduce cambios a nuestro criterio moderados, pero que no han pasado desapercibidos al ojo crítico de la población. Siendo fieles a la sistemática del anteproyecto, nos corresponde en esta oportunidad hacer algunos comentarios sobre el mencionado documento en lo referente al tema.

La estructura estatal que prolifera en la comunidad internacional, es resultado del debate que tuvo lugar en los albores de la modernidad, y especialmente durante la Revolución francesa. Una primera tendencia auspiciada por Jean-Jacques Rousseau, miraba a la Antigüa Roma y se inspiraba en su dinámica, esgrimiendo postulados neurálgicos como la unidad de poderes y la soberanía popular. Su contraparte intelectual, fue Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu, quien inspirado en la estructura que ya se apreciaba en Inglaterra, esgrimió la teoría de la separación de poderes y del sistema de equilibrios y contrapesos.


El boom constitucional que tuvo lugar durante la Revolución francesa, terminó decantándose por el ideal montesquiano, siendo actualmente la Constitución de los Estados Unidos de América su principal exponente jurídico. El modelo en comento fue acogido en todo Occidente, y prevalece hasta nuestros días en las democracias de corte liberal. Por otra parte, el sisma ocurrido en Rusia en 1917, llevó a la nueva casta en el poder a replantearse la estructura que debía asumir el naciente Estado soviético, inspirándose entonces en el ideal roussoniano, pero eso sí, muy a su manera.


El arquetipo de Estado que proliferó en el antigüo Campo Socialista, del que nuestro país fue parte, ha sido estudiado y usualmente criticado de modo exhaustivo, no siendo pertinente ahora detenernos en este menester, salvo en lo que aún irradie al anteproyecto.


En lo que al documento patrio se refiere, encontramos un artículo 97 que proclama a la ANPP como el órgano supremo del Estado. Esta postura, que en nada se aleja a la de su antecesora, genera toda una serie de aspectos de índole teórica y práctica que deben ser debidamente esclarecidos. Para empezar: en contraposición a la precitada norma, se erige un artículo 5 que reconoce al PCC como la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado contradicción que ya hicimos notar en la primera parte de esta serie de artículos, pero que por su importancia debemos remarcar. 


Aunque puede que no exista un criterio unánime al respecto, a los ojos de la opinión pública cubana, nuestro órgano supremo no ha hecho un uso notorio de sus abundantes potestades, delegando las mismas en un Consejo de Estado que emana de su seno. Resulta contradictorio que un país que desde la tribuna gubernamental, ha criticado tan férreamente las elecciones presidenciales de segundo grado en países vecinos, acoja tal práctica. Hoy por hoy, los cubanos solo hemos visto a nuestros mandatarios de la ANPP acoger con invariable beneplácito los informes que periódicamente se les rinden ¿para eso los elegimos?


Si abogamos por un modelo de democracia directa, no encuentro coherente la permanencia de la figura del Consejo de Estado en el diseño constitucional cubano, máxime cuando el anteproyecto prevé la creación de una Presidencia que ejercerá de modo unipersonal la Jefatura del Estado. La postura más adecuada a mi juicio, consistiría en atemperar los períodos de sesiones de la ANPP a la usanza internacional y prescindir del precitado Consejo. 


Al carácter supremo que se le reconoce a la Asamblea, se le suma otro inconveniente: reconocer potestades omnímodas a un órgano, equivale a dar un poder ilimitado a sus integrantes. La fórmula en cuestión carece de prudencia, si tomamos en cuenta que nuestros mandatarios por encima de sus investiduras son seres humanos y están sometidos a las limitaciones inherentes a tal condición. 


No niego la pertinencia de reconocerle potestades amplias, dado que por su naturaleza colegiada, un órgano representativo tiende más a la reflexión y al debate que uno de naturaleza unipersonal, no obstante miro con suspicacia la ausencia de mecanismos eficaces de control institucional y popular, que garanticen de nuestros mandatarios un actuar acorde a la Constitución y la voluntad popular.


En este sentido, no puedo evitar notar la ausencia de un mecanismo de control imprescindible en todo Estado de Derecho: el judicial. Desde la Constitución de 1901 hasta 1973, hubo en nuestro país algún mecanismo de este tipo, sentando entre nosotros una auténtica tradición de esta naturaleza, que persiste cual firme desideratum en el seno de la comunidad jurídica patria, siendo su retorno tan deseado, casi con la misma intensidad con que los fieles aguardan la retorno de Cristo. 


El capítulo más significativo al respecto, lo tuvimos en la Sala de Garantías Constitucionales y Sociales, creada al amparo de la Constitución de 1940 e instalada en 1949. Las circunstancias de su desaparición, bien merecen un artículo aparte donde se expongan las mismas, del modo apasionado que el tema merece, por ahora baste decir que su ausencia en el anteproyecto no tiene justificación alguna.


Uno de los cambios más significativos que se introducen, es la creación de la figura del Presidente de la República, institución esta que desapareció definitivamente a la entrada en vigor de la Constitución del 76. La decisión me resulta acertada, después de todo en el imaginario popular nunca se asentó la idea de un Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el pueblo cubano e inclusive la prensa, usualmente se han referido al titular de este puesto como “el presidente de Cuba”. Inclusive, considero que la consagración del presidencialismo no hace sino atemperar la letra legal a la dinámica del Estado y el espíritu popular. 


Lo que sí resulta llamativo, es que esta magistratura no va a ser electa por sufragio popular, como tampoco lo serán los gobernadores provinciales. Respecto a estos últimos, hago extensibles los argumentos que esgrimí sobre la presidencia, al igual que mi desconcierto por su modo de elección. ¿Por qué magistraturas designadas y no electas? 


No puedo evitar recordar la Constitución de 1901, a cuyo amparo el presidente se elegía de forma indirecta y gobernadores y alcaldes eran designados por aquel, fórmula que fue superada en posteriores reformas.


Si hasta hoy las autoridades provinciales eran electas -con un sistema al que se le han realizado disímiles observaciones, pero electas al fin-, el que sus sustitutos o la primera magistratura de la República, sean designados por una Asamblea que históricamente no ha sorprendido a nadie por sus decisiones -y no hay motivos para pensar que lo haga, al menos en el mediano plazo- me parece que constituye la pérdida de una oportunidad de avanzar en lo que a derechos humanos y empoderamiento popular se refiere.


Siguiendo una loable intención, el artículo 110 del anteproyecto veta cualquier beneficio personal o económico para los diputados. Dicha fórmula, también establece que nuestros mandatarios han de mantener el vínculo laboral con su centro de trabajo. La solución empleada tuvo en su momento histórico, el cometido de evitar el surgimiento de una casta política privilegiada desligada de su electorado. Tomando en cuenta el actuar habitual de las distintas legislaturas, no creo que el último mal se haya logrado evitar completamente. Por demás, existe otro inconveniente: si el diputado en cuestión debe mantenerse vinculado a su centro de trabajo ¿cuándo se supone que actúe como diputado? 

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