Política en Cuba

Cuba hoy, en la encrucijada constitucional (IV)

Por: Ernesto Gutiérrez

La situación actual es posible en nuestro país, debido a lo extremadamente breves que son las sesiones de la Asamblea Nacional, las cuales dicho sea de paso, suelen pasar sin penas ni glorias ante la opinión pública nacional.

 Lo que necesita Cuba hoy día, es un órgano representativo que haga honor a su naturaleza

con diputados que realmente reflejen las inquietudes de su electorado y que aboguen por una solución a estos. El período de sesiones de la ANPP no puede seguir durando menos que una temporada de béisbol, este país necesita ver a sus representantes trabajando cuanto antes.

En otras ocasiones nos hemos manifestado contra la pertinencia de la permanecia del Consejo de Estado en nuestro diseño institucional, máxime cuando a este se le confieren potestades que podrían eclipsar a la ANPP, o hacer que nos cuestionemos su condición de órgano supremo del Estado. Me refiero a aquella que confiere al CE el análisis de los proyectos de leyes que se someten a consideración de la Asamblea Nacional -artículo 115.f)-.
La lógica nos lleva a pensar que tal análisis sería previo a cualquier discusión que se haga en el plenario parlamentario -si fuera posterior, el CE poco podría hacer dado que formalmente este se debe a aquella, y no sería lícito que el mismo revocase una disposición que recientemente haya sido aprobada por la ANPP-,

por lo que todo proyecto de ley que pretenda discutirse en la Asamblea, pasaría primero por un filtro que discrecionalmente decidiría qué es apropiado para la Asamblea y qué no.

¿Si quien promueva el proyecto de ley fuese un diputado, también tendría que pasar por la valoración del Consejo? Una eventual negativa pondría de relieve uno de nuestros temores: la pérdida por parte de nuestros diputados de ejercer su derecho a la iniciativa legislativa. También resulta preocupante que no se vislumbran mecanismos de revisión a la eventual negativa que emita el CE, o sea, dicho anteproyecto no recibiría una respuesta de la Asamblea, nuestro órgano supremo, porque el mismo nunca se sometería a su consideración.
Uno de los aspectos en que el anteproyecto de constitución aventaja al texto vigente, es en lo relativo a la posibilidad de iniciar un proceso de reforma constitucional mediante iniciativa popular. En virtud de lo que hemos venido comentando hasta ahora:

 ¿si el Consejo de Estado no diera el visto bueno a una eventual iniciativa de esta naturaleza, quedaría engavetada definitivamente?

No creo que un procedimiento de esta naturaleza sea pasible de ser frustrado por un mero procedimiento administrativo, pero la ausencia de distinción en el articulado del texto deja esa posibilidad latente.
Otro elemento que hace resaltar al anteproyecto en el contexto del derecho constitucional comparado, es la estrecha interreación que establece en torno a los llamados poderes del Estado, aspecto que puede volverse bastante espinoso cuando involucra al Sistema judicial, de cara a cualquier cuestionamiento que pueda hacerse a la independencia del mismo frente a los demás órganos estatales. Como regla general, las Cartas Magnas fijan reglas inflexibles en lo referente al tema, para garantizar un poder judicial nítidamente diferenciado de sus homólogos político-partidistas.
El texto del 76 y el anteproyecto se alejan de esta postura, consecuencia de los postulados teóricos que los inspiran y a los cuales ya hicimos referencia. No obstante, la materialización legal de estos principios podría colocar en tela de juicio la sacrosanta independencia judicial.

No es acertado que el Consejo de Estado imparta instrucciones de ningún tipo al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo ni a ningún otro órgano judicial

-como establece el artículo 117.m)-, máxime cuando este último organismo es quien ha asumido, ante la pasividad de un legislador moroso, la ardua y noble tarea de atemperar en la medida de sus posibilidades, una legislación ya arcaica a la compleja actualidad nacional.
Por ende, tomando en cuenta la competencia que el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular ha demostrado, así como su naturaleza de órgano judicial, considero inadmisible que el Consejo de Estado o cualquier otro órgano externo al sistema judicial, le imparta instrucciones o mandatos de ninguna clase.
Nuestros constituyentes, y mandatarios en general, tienen todo el derecho de procurar a la ciudadanía una justicia pronta y efectiva; si esa es la intención, no habría una mejor manera de contribuir a ello, que instalando en el seno de nuestro Tribunal Supremo una Sala Constitucional, que cual celoso guardián, vele por la efectiva vigencia del magno texto. Un organismo de esta naturaleza, tiene entre sus funciones el dar una interpretación precisa a los postulados constitucionles, que en correcta técnica deben evitar una excesiva rigidez, en aras de no convertirse en una camisa de fuerza para unas autoridades estatales que deberán aplicar el texto en una coyuntura futura e imprevisible.
Una disposición del anteproyecto que puede prestarse a diversas interpretaciones la encontramos en el artículo 123-d), el cual dispone la necesidad de que las distintas disposiciones emanadas de la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado sean refrendadas por el Presidente de la República. Esta práctica es muy común en el derecho comparado actual e histórico, no obstante este artículo encierra toda una serie de aspectos que deben ser esclarecidos; para empezar: ¿se trata de una potestad reglada o discresional?
Me explico: en el primer caso el Presidente siempre tendría que refrendar las disposiciones en cuestión, sí o sí, mientras que en el segundo podría objetarlas. En este último supuesto, existen al menos dos fórmulas: una seguida por países como Argentina o Estados Unidos, donde el veto tiene efectos definitivos, es decir, la ley no va; la otra solución la apreciamos en Colombia o Venezuela -al menos formalmente en este último caso-, donde el jefe de Estado reenvía el proyecto de ley al legislativo con sus observaciones, pero si el parlamento no las toma en cuenta, la ley se aprueba de todos modos.
En nuestro caso, no queda esclarecido el modelo al que debemos afiliarnos,

y la ausencia de un intérprete judicial que esclarezca el modo de proceder no hace más que incrementar la incertidumbre.

En el diseño institucional clásico, o sea, el que se afilia a la separación de poderes, instituciones como la Fiscalía General o la Contraloría General  han tenido un tratamiento variable: algunos países concebían a la primera como parte del poder judicial con una fuerte intervención del ejecutivo. Otros países, los concibieron como organismos autónomos pero subordinados de algún modo al legislativo. La Asamblea Nacional Constituyente venezolana de 1999, resolvió magistralmente el asunto: integró los órganos en comento junto a la Defensoría Pública en un poder nuevo, el llamado Ciudadano, reforzando así la independencia de estas instituciones. Es decir, la tendencia internacional es esta precisamente, blindarlas de cualquier influencia nociva proveniente de las élites políticas en el poder.
En este sentido, el anteproyecto nada contra la corriente una vez más, al determinar -arts. 154 y 158- que la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República se subordinarán al Presidente. La solución no es nada deseable. Tomemos como ejemplo lo sucedido en Estados Unidos cuando el actual presidente promulgó su primer decreto en materia migratoria.
La primera autoridad en cuestionar su constitucionalidad fue precisamente la Fiscal General -quien había sido nombrada por Obama-, lo que motivó que fuera removida fácilmente por el mandatario, siendo legítimo el acto dado que es el sistema previsto por la Constitución estadounidense.
La otra cara del fenómeno la encontramos en Brasil, donde el Ministerio Público gracias a la independencia que posee frente al ejecutivo, ha podido imputar sin recibir represalia alguna, a toda una serie de funcionarios corruptos afines al actual gobierno. Inclusive, si quisiéramos ir más allá, recordemos a la Dra. Luisa Ortega, quien en sus últimos meses frente a la Fiscalía venezolana quitó el sueño a más de un funcionario de su país.

Ni un Tribunal Supremo oficialista, ni un presidente airado pudieron removerla.

Fue necesario que la controvertida Asamblea Constituyente que se instalara en 2017 en ese país, la removiera.
Otro precepto que seguramente será objeto de polémica en la comunidad internacional es el 203, el cual permite a los miembros en activo de las FAR, optar por cargos de elección popular. Esa fórmula es rchazada en la mayor parte del mundo, dado que la existencia de un sector militar militante, políticamente hablando, podría poner en tela de juicio la institucionalidad del país en cuestión. Argumentos como un civil no puede debatir de política con un hombre armado,

los militares deben defender al país en su conjunto y no a una facción política

Y lo anterior se dejan escuchar con frecuencia.
En un contexto nacional polarizado, en que el ejército es leal a una fuerza política que es derrotada en las urnas: ¿qué tan leales serán los militares al nuevo gobierno, antes de oposición, que asuma al efecto? Es cierto que la realidad cubana diverge sustancialmente de la de muchos otros países de la comunidad internacional, pero es un tema que no puede tratarse a la ligera.
Cerrando el anteproyecto encontramos un artículo 224 que contiene una cláusula de intangibilidad a favor del sistema político vigente en la Isla. Retomo en esta oportunidad una idea que dejé inconclusa ya:

¿Quién es el soberano, el pueblo o el sistema?

En mi opinión, la respuesta no admite discusión. Si partimos de que vivimos en una democracia popular, el sistema político fue implantado y se mantiene por obra y gracia del pueblo cubano, y así seguirá en tanto el soberano lo decida.

Tomando en cuenta lo anterior, no puedo dejar de manifestar mi inconformidad en el tono más enérgico respecto al artículo en comento. La Constitución es, o debe ser, un instrumento político jurídico que consagre la soberanía popular y reglamente el modo en que esta debe ser ejercida en el marco de una sociedad civilizada,

no es dable que el texto sirva de coraza a la voluntad de quienes sostienen su autoridad, es decir, nosotros. 

Si se diera el caso de que 50 mil electores o más, solicitasen en el modo pertinente que se modifique algún menester al respecto, ¿sería legítimo que la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado -en virtud del art. 115.f- desoigan la voluntad popular, engavetando una demanda emanada del propio pueblo? La respuesta me parece evidente.

Desde el más puro pragmatismo, tampoco creo que se esté resolviendo nada. La Constitución de 1940, siguiendo una depurada técnica, preveía una cláusula de reforma que requería, en caso de una reforma total, la convocatoria a una Convención Constituyente. El golpe de Estado de 1952 no derogó el texto, dado su carácter ilegítimo. Hacia 1976, no había ocurrido ningún acto legítimo que hubiere derogado la ley de leyes, por lo que el mismo debía entenderse como vigente.
En en precitado año, siguiendo un procedimiento que en nada se asemejaba a lo preceptuado por la Carta del 40, se promulgó la actual Constitución, como respuesta a una necesidad histórica. Este ejemplo evidencia que al final,

por muy constitucional que sea, el papel sigue siendo eso, papel, resiste todo lo que sobre él se escriba.

Si en su día los cubanos decidimos que ha llegado la hora de replantearnos el país que queremos, en un modo más amplio al que hoy hacemos, el papel y tinta que componen el artículo 224 no nos detendrán, como tampoco lo pudo el texto del 40 con los actuales dirigentes del país.
Un fantasma recorre Cuba, es el fantasma de la cubanidad, esa que se plasmó en la Constitución de 1940, texto que contuvo un ideal de sociedad del que aún hoy estamos muy lejos. El momento que vivimos se presta para replanearnos muchas cosas, algunas de muy elevada significación, otras más propias de la vida cotidiana.

Los cubanos debemos esforzarnos por abogar por un país que no sea con todos y para el bien de algunos

una isla digna de llamarse Nación, donde el ideario Martiano adquiera plena vigencia.

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