Política en Cuba

Cuba hoy, en la encrucijada constitucional (II)

Por: Ernesto Gutiérrez

En torno al anteproyecto de Constitución que pretende aprobarse el próximo año, giran luces y sombras que inquietan a no pocos cubanos. Siguiendo la sistematicidad del texto, hemos realizado algunas observaciones sobre el contenido del mismo, siendo ahora pertinente abordar lo referente al tema de la ciudadanía, asunto harto sensible a la población, especialmente cuando se posee parientes o conocidos en el extranjero, o si uno mismo ostenta alguna ciudadanía foránea.

Lo cierto es que los cubanos hemos sido tajantes en el tema de la ciudadanía a lo largo de nuestra breve, pero intensa vida republicana. La fórmula que reza “cuando se adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana”, fue adoptada primeramente por las constituciones de 1901 y 1940, postura que acogió también el texto de 1976.

No debemos perder la perspectiva: el país de aquellos años era -y seguimos siendo- una nación muy joven, receptora de inmigración, con un porcentaje alto de población extranjera, que en algunos casos -como algunos sectores de la comunidad española que permaneció en la Isla después de 1898- no veían con muy buenos ojos la recién adquirida independencia nacional. Hay otro factor importante: nuestra identidad nacional aún no estaba del todo conformada, y un país cuya idiosincrasia aún está en formación debe por todos los medios fomentar el espíritu nacional, de ahí la posición del legislador que puede resumirse coloquialmente así: ¿qué eres, cubano o extranjero? Decídete porque no puedes ser los dos.

Esta postura contundente, era pacíficamente aceptada, lo cual se infiere del hecho de que durante la Convención Constituyente de 1940, lo referente al tema fue prácticamante el único asunto en sede de ciudadanía que no se solicitara modificar, en virtud de una serie de enmiendas que presentaran al respecto varios delegados constituyentes de distintas bancadas en sesión del 26 de abril de 1940.

El espíritu de intransigencia imperante en la década del 70 de nuestro país, unido a otras circunstancias, propiciaron el mantenimiento de esta actitud, pero lo cierto es que el cambiante contexto conspiró contra la eficacia del precepto constitucional. Nunca se reguló -al menos que yo sepa- el procedimiento para privar de la ciudadanía cubana a aquellos que adoptaran una extranjera. En lugar de eso las autoridades nacionales miraron para otro lado y decidieron no ver las crecientes aglomeraciones entorno a las embajadas.

El anteproyecto de constitución, no hace más que consagrar legalmente lo que ya se ha venido haciendo en las últimas décadas, o sea: si ud. se dedica a coleccionar ciudadanías foráneas puede hacerlo sin ningún inconveniente, eso sí, en el territorio nacional no ha de invocarse ninguna otra distinta de la cubana. La solución dada en el anteproyecto ha hecho fruncir el ceño a más de un cubano. Es un tema polémico que debe debatirse a conciencia y seriedad.

Hay algunos elementos que sí deben tomarse en cuenta a la hora de entablar el diálogo: los cubanos que hoy pasan horas y en ocasiones días en una cola ante una embajada, no lo hacen porque comulguen espiritualmente con la nación extranjera, o sea no existe en la mayoría de los casos un sentimiento de nacionalidad con el país extranjero que justifique tal solicitud. Los cubanos más que un pasaporte lo que buscamos es una visa; o sea la facilidad para viajar al extranjero que un pasaporte europeo o estadounidense permite. Si nuestro pasaporte azul fuera capaz de permitirnos el acceso -libre visado, claro- a aquellos destinos que nos son más comunes a los cubanos, estoy seguro de que las aglomeraciones entorno a las embajadas desaparecerían inmediatamente.

Durante la última década Cuba miró con muy buenos ojos el proceso de integración regional que hoy parece deshacerse cual hielo al sol, ante los cambios políticos ocurridos en América Latina. La política es fluctuante y no sería descabellado suponer que en un plazo mediato dicha tendencia tome bríos de nuevo. En esta clase de procesos, el flujo migratorio y el tema concerniente a la ciudadanía y el reconocimiento que sobre las foráneas hagan los Estados partes, es uno de los primeros aspectos que se ventilan en la mesa de negaciación. Si el bloque regional a que nuestro país pretenda en su momento integrarse, solicitase para sus ciudadanos residentes en nuestro país el reconocimiento simultáneo de la ciudadanía de origen y la cubana, si la adquirieren, el articulado constitucional pondría a las autoridades nacionales en un aprieto ante la dudosa constitucionalidad del tratado que se firme al efecto.

En aras de evitar eventuales situaciones como la antes descrita, sería recomendable que el constituyente, en caso de persistir en su intención de acogerse al principio de ciudadanía efectiva, prevea una excepción al mismo en virtud de lo establecido en un tratado internacional debidamente suscrito por la República en el marco de algún proceso de integración regional.

Hay otros aspectos que no dejan de llamar nuestra atención. El anteproyecto -artículo 37- sin hacer distinción alguna entre cubanos por nacimiento o naturalización, prevé la posibilidad de que la ley prescriba suspuestos en virtud de los cuales un ciudadano puede perder su condición de tal. Esta fórmula es usual en la comunidad internacional para el caso de los ciudadanos por naturalización -o sea extranjeros que adquirieron la ciudadanía cubana-, pero el artículo en comento no distingue entre ciudadanos por nacimiento o por naturalización.

Me explico: en virtud del anteproyecto, un cubano nacido y criado en Cuba podría verse privado de su condición -pudiendo quedar en estado de apatridia-, lo cual sería simplemente inaceptable. Esa imprecisión, que seguramente se debe a un simple error humano y no a una intencionalidad premeditada de las autoridades, debe ser debidamente corregida durante este proceso de revisión del anteproyecto.

Otro de los aspectos en que esta constitución no nata aventaja a su predecesora de 1976, es en cuanto a la proscripción de la discriminación. Si bien es cierto que la actual constitución rechaza la discriminación en lista abierta -o sea enumera una serie de supuestos, y condena también cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana-, el anteproyecto en su artículo 40, adiciona expresamente la proscripción de la discriminación por identidad de género, orientación sexual u origen étnico, lo cual nos parece meritorio.

No obstante al innegable progreso, en el texto constitucional sigue habiendo una gran ausente: la discriminación por orientación política. Hay dos calificaciones despectivas que se han mantenido prácticamente incólumes en la sociedad cubana y que son muy recurrentes cuando de insultar a alguien se trata: homosexual y contrarrevolucionario -dichos ambos de la forma más vulgar-, término este último que empezó siendo usado para referirse a aquellos que habiendo emigrado o no, mostrasen de forma manifiesta su inconformidad en todo o en parte con la política institucional de la Isla.

Lo cierto es que con el paso del tiempo, los huevos y el calificativo se utilizaron a la par en los frecuentes actos de repudio que se le hicieran a aquellos que, aún sin manifestar posturas políticas, decidían emigrar a otros lares y hoy día se sigue empleando para denominar a cualquiera que adopte una postura contestataria ante la compleja coyuntura nacional.

Como ya hemos señalado, el carácter abierto del artículo 42 de la actual Constitución ya trae implícita una condena a la discriminación por orientación sexual y política, por lo que jurídicamente no se aprecia un cambio trascendental en la materia. No obstante, la condena expresa de la discriminación por orientación sexual en el anteproyecto constitucional envía un mensaje muy claro de la voluntad de las autoridades de combatirla.

Siguiendo esta lógica: ¿acaso a nuestros mandatarios no les interesa erradicar también la discriminación por razón de orientación política? ¿no son ambos supuestos de discriminación igualmente lesivos a la dignidad humana? ¿Por qué condenar expresamente una y no otra? Sobre este menester nuestros mandatarios eventualmente tendrán que rendir cuenta ante el soberano, que no es otro que el pueblo, pero también deberán hacerlo ante la historia.

Entrando en temas más técnicos, pero igualmente sensibles a todos los cubanos, encontramos un escueto artículo 50 que refrenda constitucionalmente el procedimiento de Habeas corpus, institución avocada a garantizar el derecho a la libertad física ante una eventual detención arbitraria. La figura en comento ya existe al amparo de la actual Ley de Procedimiento Penal, pero su configuración deja mucho que desear en opinión de no pocos operadores del derecho.

Actualmente una persona puede permanecer detenida 7 días sin acceso a un abogado ni posibilidad de interponer el mencionado recurso. Este plazo resulta inusualmente extenso de cara a la usanza internacional, dado que el período de detención oscila entre 24 y 72 horas en la inmensa mayoría de los casos. El mandato contenido en el artículo 50 no obliga al legislador ordinario a introducir ningún cambio en la configuración procesal vigente, parquedad que contrasta con con el exhaustivo preciosismo con que abordó el asunto la Constitución de 1940.

Hay que señalar, que no pocos convencionales fueron víctimas de las persecuciones impulsadas por Gerardo Machado, por lo que en dicha Convención, ocurrió el interesante fenómeno de que quienes un día se sentaron en el banquillo de los acusados -todos ellos muy ilustrados por cierto- poco tiempo después tuvieron encomendada la tarea de sentar las bases del modelo procesal cubano, de ahí el énfasis con que el magno texto se pronunciara al respecto. La sistemática empleada por la Constitución del 40, aún supera en calidad y precisión a la técnica que como promedio, prolifera en el derecho constitucional comparado. Nosostros los cubanos, deberíamos tomar esto en cuenta de cara al proceso que vivimos.

Otro de los méritos que también se le adjudicaron a la mentada Constitución fue el judiacializar toda una serie de procedimientos que como el expropiatorio, podían ser llevados a cabo en sede administrativa, al amparo del ambiguo marco regulatorio de la Constitución de 1901. El texto del 40, determinó que este y otros procedimientos debían ser llevados a cabo por autoridad judicial competente, especificidad que no se contempla en el artículo 58 del actual anteproyecto por lo que una vez más, la parquedad del texto constitucional deja abierta una ventana a la inseguridad jurídica. Hoy por hoy, llevar a cabo un proceso expropiatorio sin la adecuada intervención judicial, es simplemente inaceptable.

Siguiendo la sistemática del texto, correspondería hablar ahora sobre un tema que ha provocado una polémica exagerada y al que la opinión pública ha dedicado una atención a mi juicio desproporcional en comparación con otros asuntos de innegable importancia de cara a la actual coyuntura nacional: me refiero al ultrapublicitado artículo 68 del anteproyecto y lo que él contiene.

Cuando se trata de un asunto que -como la mayoría de los referentes al Derecho de Familia- sin dejar de pertenecer al campo jurídico, se adentra tanto en el campo sociológico, es siempre pertinente hacer una doble valoración: una de corte ético y otra de índole técnico-jurídica.

En el primer sentido y sin poder evitar imprimir un sello personal en la valoración, considero que la civilización moderna debe tributar al desarrollo pleno de la personalidad humana; el poder escoger y estudiar libremente la profesión u oficio deseado tributa en ese sentido; elegir mediante un proceso electoral plural y transparente a nuestros mandatarios cumple una función similar; entonces ¿qué diremos de la posibilidad de consagrar y proteger legalmente la relación afectiva que se tiene con el ser amado?

Quien escribe no se beneficiaría en ningún sentido ante una eventual reforma en la materia, como tampoco me he visto nunca afectado por el racismo o el machismo -dada mi condición de hombre caucásico-, fenómenos presentes y hasta crecientes en nuestra sociedad, no obstante las condeno como deberíamos hacer todos, porque no importa la forma que adopte, al final siempre se trata de lo mismo: discriminación.

Existe en el imaginario popular una profunda preocupación -quizás la causa fundamental de la reticencia que muestran algunos al cambio que introduce el artículo 68-, en lo referente a los menores de edad y la posibilidad de que estos sean adoptados por parejas gays en caso de que se diera luz verde al matrimonio igualitario. Lo cierto es -lean esto bien- que los homosexuales actualmente pueden adoptar en Cuba.

En virtud del artículo 100 del vigente Código de Familia, la heterosexualidad no es un requisito para poder adoptar, como tampoco lo es estar casado. El matrimonio solo incide en la posibilidad de que un menor de edad pueda ser adoptado por dos personas simultáneamente o que uno de los cónyuges pueda adoptar al menor de edad hijo del otro. Es la dinámica más que el derecho quien a nivel mundial, favorece la adopción cuando los adoptantes son una pareja, y si está formalmente casada mucho mejor. Quienes aún mantengan sus reservas, tengan en cuanta algo: la ley podrá cambiar, pero las autoridades encargadas del asunto seguirán siendo las mismas durante mucho tiempo más, y si hoy es extremadamente difícil lograr una adopcón por parte de las parejas heterosexuales, no auguro mucho éxito en este sentido a sus homólogas homosexuales…

Volviendo a lo constitucional: desde que a lo largo del siglo pasado las Constituciones empezaron a regular temas referentes al Derecho de Familia, siempre se pronunciaban respecto a la figura del matrimonio al considerársele la base de la familia -como refrendaba la Constitución del 40 en su artículo 43-; o sea en ausencia de este no había familia, por tanto la mujer unida a un hombre con el que no estaba casada era la querida y los hijos habidos de la unión eran bastardos, siendo estos últimos vistos con la misma óptica con que Katerine Stark miraba a John Snow -quien no entendió la referencia consulte Juego de Tronos Temporada 1 Capítulo 2, minuto 15:17 en adelante-, amén de que desde el punto de vista legal se les privaba del derecho de llevar el apellido paterno por no hablar de la imposibilidad de exigir manutensión al padre o sucederlo por causa de muerte.

El derecho, al menos doctrinalmente, no ha permanecido indiferente a los innegables cambios acaecidos en la sociedad internacional y Cuba no es una excepción: piénsese en cuantas personas permanecen en una relación afectiva sin formalizar el vínculo teniendo en muchas ocasiones descendencia habida de otra relación -familia ensamblada en este último caso-, cuántas otras no crían solteras a su prole -familia monoparental-, o cuántos núcleos familiares están compuestos por varias generaciones -familia extendida-, no siendo nada raro en el contexto cubano que el mayor peso de la crianza de los pequeños de casa recaiga sobre los abuelos.

Esta pluralidad impone al texto constitucional un reto: o menciona todos aquellos supuestos susceptibles de generar vínculos familiares o no menciona ninguno. La primera opción constituye una empresa monumental que requiere de un alto nivel de especificidad, incompatible con la naturaleza de un texto constitucional, abocado mayoritariamente a la generalidad. Por tanto, la opción más sabia sería que el constituyente se limitara a reconocer a la familia como una institución de naturaleza plural, base de la sociedad que merece la protección del Estado y también de los individuos, para lo cual deben imponerse obligaciones a estos a favor de aquella. El desarrollo de estos preceptos así como cualquier otro pronunciamiento que al respecto deba hacerse, le correspondería entonces a la legislación especializada, es decir al Código de Familia.

Ya cerrando la parte dogmática del anteproyecto se ubica el capítulo referente a las garantías jurisdiccionales de los derechos, integrado únicamente por un artículo. Para variar, estamos de acuerdo con la ubicación que se le da a este capítulo, no obstante la parquedad del mismo no deja de llamar la atención. Existen una serie de instituciones de naturaleza procesal, cuyo análisis exhaustivo extravasa los límites que imponen estas líneas. Basta una mirada a las tan recurridas constituciones del continente latinoamericano para apreciar la diferencia.

Faltan en el capítulo los principios que deben informar al debido proceso, al habeas corpus o habeas data -que son reconocidos en otras partes del anteproyecto, pero que por su naturaleza procesal o vinculada al funcionamiento del aparato judicial deberían ser incluidas en el capítulo en comento-; otras figuras como la acción popular, idónea para el ejercicio de derechos colectivos como los ambientales por parte de organizaciones de la sociedad civil tampoco se mencionan; mientras que otras instituciones propias del procesalismo constitucional -como la acción por inconstitucionalidad-, vitales para la efectiva vigencia del texto constitucional, brillan también por su ausencia.

Los derechos que se refrendan y que escuetamente hemos comentado están llamados a regir en una sociedad que ha cambiado mucho más de los que a algunos les gustaría admitir. La constitución no es solamente un documento destinado a los juristas, por el contrario, ella intervendrá en la vida cotidiana de todos los cubanos para bien o para mal. Debemos ser valientes y mirar nuestra realidad con objetiva sinceridad, si es que pretendemos implementar aquel viejo anhelo del Apóstol que como debemos recordar, sirve de cierre al preámbulo de la Constitución y también del anteproyecto.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: