Política en Cuba

Educación, ¿privilegio o derecho?

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

Escribo estas breves líneas ante la preocupación que me provocan las recientes declaraciones de un alto funcionario cubano. La respuesta a la pregunta que da título a este artículo, en Cuba es conocida por cualquier cubano: es un derecho. Me atrevo a afirmarlo de forma tan categórica porque desde pequeños escuchamos hablar de esos dos grandes logros de la Revolución: educación y salud, dos derechos alcanzados por y para el pueblo.

Esta declaración no es mera retórica, la Constitución del 76 en su momento y la recientemente promulgada (art. 73) prescribe que “La educación es un derecho de todas las personas…” O sea, existe un mandato constitucional que generaliza a toda la ciudadanía este servicio. Es por ello que en opinión de quien escribe, todo acto tendente a sesgar el acceso a la enseñanza o a determinado grupo social, o priorizar el acceso de uno por encima de otro sin otra razón que favorecer a este por motivos tan controversiales como la afinidad política, es por lo menos de dudosa constitucionalidad, y flagrantemente lesivo a la dignidad humana por cuanto constituye un supuesto de discriminación por motivos políticos.

Pero la defensa del acceso universal a la educación en cualquiera de sus enseñanzas no descansa solamente en la existencia de esta disposición normativa. Pensemos ¿quién es el generoso mecenas que financia la educación en nuestro país? Es el Estado, claro; ¿y de dónde obtiene el sector público sus ingresos?

En el caso de un Estado no liberal como el cubano la respuesta es diversa, pero una fuente de ingresos que no puede dejar de mencionarse son los tributos, los cuales son pagados por todas las personas que realicen los diversos hechos imponibles que establece la legislación tributaria. En este sentido nunca imaginaría a un ministro afirmar que “los impuestos solo son para los revolucionarios”. No, a la hora de cobrar, la ONAT no pide carnet de continuadores.

No solamente aportamos al país a través de nuestros impuestos directos: ¿alquien ha pensado en el servicio social? Durante ese periodo de tiempo -2 ó 3 años en dependencia del caso- los recién egresados de la Educación superior percibimos salarios aún más irrisorios que el que percibiremos cuando terminemos esta fase, porque supuestamente estamos retribuyendo al Estado lo que invirtió en nuestra Educación -¿qué acaso no era gratuita?-

En ese momento tampoco importan las banderas políticas, de hecho si lo hicieran no creo que este ciudadano que votó NO el pasado 24 de febrero debiera estar pasando el servicio social.

A los argumentos que esgrimo se suman otros de naturaleza mucho más práctica: ya sea por la migración o la existencia de sectores más atractivos, existe en nuestro funcionariado un evidente déficit de mano de obra, especialmente la cualificada. Si fuésemos consecuentes, y pensáramos como país, llegaríamos a la conclusión de que no es nada beneficioso para Cuba el excluir de las Universidades a aquellos que, como un servidor, no comulgamos, en parte o en nada, con las políticas tradicionalmente defendidas por el gobierno.

Es por eso que procede no solo la defensa del derecho a la educación sino también al trabajo -art 64 de la Constitución- acorde a su calificación y aptitud. Enfatizo una vez más la condición de derecho del trabajo. Cada sector laboral tiene características propias que tienden a individualizarlo. En el caso del sector catedrático -o sea, el claustro universitario- una de los grandes rasgos que lo caracterizan es su incompatibilidad con el proselitismo, ya sea político, religioso, etc.

Digo esto porque encuentro absolutamente desafortunado el que se le exija al claustro universitario cubano el estar alineado ideológicamente a los designios del PCC. Lo que piense el profesor como ciudadano, solo a él le incumbe, pero como catedrático no le corresponde otra cosa que trascender esas cuestiones, y dedicarse por entero a su ciencia o materia.

Independientemente de la bandera gubernamental, el Estado y el país nos pertenecen a todos los cubanos, y esa Constitución aprobada y ya promulgada el presente año, rige para todos los habitantes de esta Isla, independientemente de lo expresado en las urnas. El funcionario que adoptó esta lamentable postura fue designado con la finalidad de servir a todos los cubanos por igual, encomienda esta cuya efectivo cumplimiento resulta cuestionable al amparo de sus recientes declaraciones.

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