Política en Cuba

La salida del matrimonio igualitario

Por: Alexei Padilla
¿El 68 va? No cabe duda que la decisión de retirar o alterar del proyecto de constitución la definición de matrimonio, como la unión entre personas con capacidad legal para ello, es un balde de agua fría para todas y todos los que apoyamos los derechos de las minorías. Según las primeras declaraciones de Mariela Castro, tal parece que algo de lo que el artículo 68 propuso orginalmente pudiera salvarse.

No obstante, considero inapropiado que haya que esperar dos años más para modificar el código de familia e incluirle el reconocimiento de las uniones homoafectivas.


Es imposible que el Estado cubano desconozca la posibilidad de elaborar otras normas jurídicas que, sin alterar la Constitución y el Código de Familia, le dan reconocimiento legal al vínculo entre dos personas del mismo sexo que deciden tener una vida en común.

En Brasil (para que no se diga que comparo a Cuba con Francia), por ejemplo, considerado el país com más católicos del mundo, el Tribunal Supremo decidió en 2011 que “las uniones de hecho entre personas del mismo sexo constituyen familia y deben ser reconocidas como ‘uniones estables’ en los términos del art. 226 de la Constitución Federal. Como dicho artículo establece que el Estado debe permitir la ‘conversión’ de las uniones estables en casamiento civil, varias parejas así lo solicitaron en la Justicia y obtuvieron fallos favorables (Wikipedia).

En 2013 el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) de Brasil, por medio de una resolución obligó a que todos los registros civiles del país realizaran casamientos entre personas del mismo sexo. Hoy, el diputado federal Jean Wyllys, primer parlamentario abiertamente homosexual de la historia de Brasil, está impulsando una enmienda constitucional que legalizaría a nivel federal el casamiento civil entre personas del mismo sexo.

O sea, la propuesta de avalar constitucionalmente el matrimonio gay no es el inicio del camino, sino la cumbre de la montaña.

Y tiene sentido porque un derecho solo será reconocido a ese nivel cuando sea ejercido. Claro que en Cuba el Tribunal Supremo no pintaría nada porque “casualmente” no tiene potestad (como sí la tiene en la mayoría de los países democráticos y en Cuba en otras épocas) de determinar la constitucionalidad de las leyes y demás normas jurídicas. Sin embargo, el Ministerio de Justicia podría dictar una norma similar (resolución) – tal como hizo Brasil – sin necesidad de esperar dos años, ni llevar el tema a referéndum. ¿Por qué no han optado por una salida más simplificada?

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