Política en Cuba

¿Se discutió realmente el Proyecto de Constitución?

Por: José Gabriel Barrenechea
Algunos sostienen que el proceso de discusión del Proyecto de Constitución, en barrios, centros de trabajo y escuelas, fue una muestra de verdadera participación popular y democracia participativa; y no pocos, al interior de la Isla, pero sobre todo más allá de sus fronteras marítimas, adquieren esa visión en el mercado de las ideas con la avidez de quien se lleva a casa un producto legítimo.
Propongo otra realidad -otra visión-, una en la que no existió discusión con tal carácter, ni hubo una verdadera participación en el proceso que se realiza en la Cuba estatista, que no es -lo mismo que socialista, aunque parezca así en el imaginario-, entre agosto y noviembre pasados.

Toda discusión verdadera implica que los que participan en ella tienen libre comunicación entre ellos

que pueden transmitirse y contrastar sus ideas sobre lo discutido los unos a los otros, sin más limitaciones que las imprescindibles para mantener un diálogo civilizado, en asambleas presididas por una autoridad que solo se ocupe de arbitrar las mismas para que todos puedan tener asegurada su oportunidad de opinar.
Implica en consecuencia, que cada cual puede intentar convencer a quienes le rodean de su particular postura sobre el asunto sometido a discusión -siempre que sea con argumentos y no con amenazas del uso de la violencia, o con mentiras y sutiles deformaciones de la realidad-, y si como en nuestro caso al final lo discutido se somete a votación (referendo), podrá tratar de ganar para la respuesta que cree la correcta al mayor número de ciudadanos posible, sin que nadie lo estorbe o le limite en ese derecho.
O sea, que en una discusión verdadera los ciudadanos tenemos derecho a pensar con cabeza propia, a expresar libremente el producto de esa trascendental acción, y agruparnos en base a ese pensamiento en grupos que coincidimos en él.
Si observamos lo efectuado en la Cuba reciente, que hasta noviembre discutió su Proyecto de Constitución, admito cierta ausencia de lo anterior.

Nos reunimos en asambleas no tan espontáneas.

Asambleas coordinadas y controladas por organizaciones. En las cuales no discutimos entre nosotros bajo el arbitraje de la mesa desde la que se la presidía, sino que se nos reunió para que, de modo individual, aunque públicamente, le planteáramos a los representantes del gobierno nuestras dudas y sugerencias sobre un Proyecto de Constitución que había sido elaborado por aquel.
Se nos consultó, en el espacio público definido y bajo la tutela del aparato de gobierno. Sin ninguna obligación de hacernos caso, todo dependiendo de la buena voluntad de los gobernantes, y casi que llegué a pensar que era un acto de condescendencia.
Es necesario agregar que en Cuba las reuniones espontáneas de ciudadanos carecen de legitimidad ante la vista institucional.

Y es que el gobierno se asume como el inevitable intermediario entre los ciudadanos para las discusiones relacionadas con la política.

Por lo tanto, en cualquier debate político los ciudadanos no se reúnen a discutir entre ellos el asunto en cuestión, a consensuar la solución de sus problemas, sino que en muchos casos solo le plantean a los representantes del Estado-Partido-Organizaciones, a los famosos dúos, su opinión sobre todo asunto o problema.
Los ciudadanos nos reunimos en asambleas convocadas por las estructuras del gobierno y el partido. Tampoco es que exista una forma mejor, porque resulta prácticamente irrealizable el discutir con los ciudadanos uno por uno, en privado, lo que sería el ideal para algunos que regentan la sociedad desde la cúspide de un gobierno que en muchos aspectos no ha dejado de ser esencialmente verticalista.
El carácter de esta consulta personal, se evidencia además en el hecho de que solo en los medios y sitios digitales estatales, partidistas o estatales, se le permitió a los ciudadanos colocar una opinión sobre el Proyecto abierta a todo el público nacional. O lo que es lo mismo, solo en esos medios y sitios nos fue y es tolerado opinar más allá de la limitada asamblea barrial, o laboral, o escolar, que nos “toca”.

Medios y sitios, en que, sin embargo, no encontrará nunca publicada una opinión contraria al Proyecto.

Al menos no una de esas opiniones de peso que se ven obligadas a circular en la clandestinidad, por los rincones de la sociedad cubana presente; sino una de las otras, lo que da argumentos para poner en duda la idea de una apertura que no es tal (por ejemplo, una como esta que ahora emito nunca encontrará espacio en Cubadebate, ni tan siquiera en los comentarios).
De hecho, intentar divulgar nuestro pensamiento más allá de la asamblea que nos “toca”, si es un pensamiento no ajustado con el oficial, se corre el riesgo de ser tratado como quien comete un delito -como mínimo en el plano moral-, incluso en el discurso oficial ya se ha acusado de enemigo a quien ejerza su derecho de marcar con una “X” junto al NO. Derecho (a votar NO) que nos ampara la actual Ley Electoral en su artículo 168.
La realidad es que todo el proceso de elaboración, discusión y aprobación de la nueva Ley de Leyes, que el Estado y el Partido discutieron en su momento, persona por persona, pero no se facilitó a estas discutir entre ellos en un espacio independiente, es una razón de peso para reevaluar y repensar el carácter democrático o participativo.
Lo cierto es que la futura Constitución, en la misma tónica de la actual,

define una sociedad en que el gobierno es el intermediario obligatorio a toda interacción política entre los individuos que la componen (ciudadano-gobierno-ciudadano).

Un estatismo, en el cual las formas de asociacionismo espontáneo no son bien vistas, y se le juzga siempre como el resultado de la acción de una potencia extranjera.
Un estatismo que es expresión de una tendencia del gobierno de ser intermediario casi obligatorio de la mayor cantidad forma de interacción humana posibles.
La Constitución propuesta, a semejanza de la actual, con una sociedad en que el gobierno solo cumple función de árbitro, facilita, desde ciertas posiciones de poder, poner barreras al libre asociacionismo espontáneo, y que termina por hacer del ejercicio del poder un fenómeno blindado. Además, se estatuye una lógica estatista de naturaleza premoderna, en el espíritu de lo que Marx llamaba “formaciones asiáticas”, en que lo que existe es un Estado todopoderoso, que nos condiciona estar aislados los unos de los otros: como en un panóptico, en el que quienes controlan a los poderes del estado disfrutan de esa visión sobre los que no forman parte de ese grupo, que permanecemos en nuestras jaulas de las subjetividades individuales.
Triste ideal de un Estado, que por cierto, cuyos fundadores en cierto momento ya muy remoto, adoptaron la bandera rojinegra anarquista como la de su movimiento político reformador, para luego establecer un estatismo al más puro estilo soviético. Un estado que tiene como utopía no aquella sociedad abierta en que los individuos solo se rigen por su conciencia, y en específico por sus imperativos categóricos, sino el panóptico más arriba descrito, en que la Ley es dictada.

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