Política

Bolivia: ¿culpa de quién?

“Los políticos y los pañales han de
cambiarse con la misma frecuencia
y por la misma razón.”
Bernard Shaw

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva

“Ojalá que Dios, la Pachamama o la divinidad que sea, den fuerza a algunos y sabiduría y humildad a otros para que, por encima de los intereses personales en juego, piensen ante todo en el bien de Bolivia y el gestante dilema tenga un feliz desenlace.”

Así concluíamos, aquí en La Trinchera hace ya alrededor de un año, un artículo en el que, desde entonces, mostrábamos nuestra preocupación por la situación de Bolivia, y miren lo que pasó…

Haré como Gabo en Crónica de una muerte anunciada y contaré el final desde el principio: la culpa es de todos, es decir, de los actores políticos.

Si bien es cierto que el detonante del estallido social boliviano está en la decisión de Morales de violentar la Constitución y repostularse para un cuarto mandato consecutivo, la oposición boliviana no está libre de pecado.

La óptica con que analizo los sucesos acaecidos en Bolivia, se sustenta en otro hecho ocurrido unos añitos atrás, en el 494 a.c en la Roma Antigua:

La huida de los plebeyos al Monte Sacro, conmocionó a la urbe más poderosa de la época, y obligó a las élites dominantes a ceder ante la presión de las clases más bajas.

Quedaba así consagrado el derecho de resistencia, entendido este como la legítima facultad que le asiste al pueblo de enervar el orden social usualmente establecido, con la finalidad de socavar u oponerse a un gobierno despótico, o que sin serlo, ha tomado una decisión, considerada ilegítima por la población.

En el caso de Bolivia debemos remontarnos, como mínimo, al referéndum celebrado el 21 de febrero de 2016, en el que el pueblo boliviano negó el beneplácito a una reforma constitucional que vendría a eliminar el límite al número de veces que una misma persona puede postularse para ocupar determinados cargos de elección popular. El MAS, no conforme con el resultado, cometió la torpeza -sí, así lo califico, pues ello puso en entredicho la credibilidad de toda la institucionalidad boliviana- de compulsar al Tribunal Constitucional a cometer el sinsentido jurídico de inhabilitar toda normativa constitucional que limitara la reelección a cargos de elección popular (1).

Al violentar las reglas del juego el MAS y el Gobierno, se deslegitimaron, y dieron una herramienta preciosa a sus adversarios que, al denunciar este hecho, no importa con qué motivo, le asistía la razón. Quizás ello explique por qué desde la oposición, algunas voces de antemano llamaban a desconocer los resultados electorales si estos favorecían a Morales.

En este punto debo hacer una crítica a la oposición boliviana:

Si el “monstruoso enemigo” era el MAS, ¿por qué los líderes opositores no tuvieron la humildad y responsabilidad de dar un paso al costado para ir a las elecciones con un candidato único -en este caso Carlos Mesa-? No, faltaron ambas cualidades en las filas de la oposición.

Honestamente, no sé si habrá habido fraude en las elecciones -no he podido oír directamente las declaraciones del vocero de la OEA y todo el mundo me da una interpretación distinta de lo que dijo-. En mi opinión, la concurrencia de una persona que no podía presentarse como candidato, y el que las autoridades lo hayan admitido, ya pone en entredicho todo el proceso… Eso sí, el gobierno se oía muy seguro de sí mismo cuando permitió la auditoría de la OEA, lo que sin dudas es un punto a su favor; aunque la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral a modo de protesta por la suspensión del conteo rápido del voto, levanta cierta suspicacia.

Confieso que el rápido deterioro que sufrió la posición del presidente Morales a lo largo del día 10 de noviembre -y que terminaría con su dimisión y la del vicepresidente Linera- me cogió por sorpresa. Pensé que veríamos un deterioro más paulatino, a la venezolana, pero no, no fue así.

Quizás la postura que asumieron las fuerzas armadas terminó marcando la diferencia, pero aún así, dados los estándares regionales, creo que como latinos, debemos reconocer el buen tino, aunque tardío, del presidente Morales de dar marcha atrás en su intención de permanecer en el poder.

¿Hubo un golpe de Estado en Bolivia o fue un levantamiento popular el que forzó la salida del presidente Morales? Mmm…. Es un tema más que polémico, pero creo que la clave está en dos elementos: 1- la legitimidad que la ciudadanía le reconociese a la autoridad civil -el gobierno.

2- el peso que tuvo la postura de las Fuerzas Armadas en el desenlace definitivo de los acontecimientos, esto es, la renuncia del presidente Morales.

Para hacer primar la objetividad del análisis, propongo enfocar el caso hondureño: la Constitución de ese país veda toda posibilidad de reelección, no obstante a eso, el mandatario saliente, Juan Orlando Hernández (JOH), se repostuló y, fraude mediante, se reeligió. La propia OEA cuestionó los comicios, sugirió que se repitieran, pero la disconformidad de USA impidió que la cosa fuera más allá. Hago esta acotación para señalar lo siguiente: nadie tiene el monopolio del fraude, “allá arriba” muy pocos están libres de pecado y una crítica a un grupo determinado, Morales y el MAS en este caso, no implica necesariamente un elogio correlativo a sus adversarios políticos.

Ahora bien, imaginemos que el repudio a JOH hubiese alcanzado dimensiones aún mayores a los que realmente alcanzó, tendríamos entonces una sociedad alzada contra una autoridad civil que al violentar el orden constitucional se ha deslegitimado por completo ¿sería realmente reprochable, si la cúpula militar le pidiera al presidente que renuncie? Al fin y al cabo, a los protestantes les asistiría la razón en este ejemplo que estoy poniendo. Traspolemos lo anterior a Bolivia. Eso sí, veo con mucho recelo todo tipo de intervención de la estructura castrense en cualquier asunto de índole no estrictamente militar -dígase solicitud de renuncia al presidente, en este caso-, pero creo que en el caso boliviano, de los males fue el menor.

Por tanto, no creo que el actuar de las fuerzas armadas sea constitutivo de un golpe de Estado, toda vez que se trataba de una autoridad civil que había subvertido la institucionalidad del país, adquiriendo así una ilegitimidad sobrevenida, puesta de manifiesto en el comportamiento de buena parte la ciudadanía y su inequívoco rechazo al gobierno.

La dicotomía protesta popular vs. grupos violentos, es otro aparte que merece nuestro atención. Supongo que todo se trata de la óptica desde la que se mire: según TeleSur, las protestas en Chile y Ecuador, fueron protagonizadas por el pueblo; las ocurridas en Venezuela y Bolivia corresponden a grupos violentos de la derecha. Repito: el discurso variará según sea el medio.

En el caso boliviano, no creo que el slogan de grupos violentos de la derecha sea sostenible: las protestas contra Morales fueron indiscutiblemente masivas, si en Bolivia hay tanta gente de derecha, o sea, presumiblemente acomodados, ¿cómo es posible que Bolivia sea un país subdesarrollado?

La deposición de Morales, no encaja en nuestro parecer con el prototipo de un Golpe de Estado -aunque no dejamos de reconocer que estos se han vuelto mucho más sofisticados que los acontecidos en el siglo anterior, o sea, los tanques en las calles dan mala imagen, así que se recurre a mecanismos más sutiles-.

Resultan interesantes las declaraciones del ex-vicepresidente Linera, quien reconoce que el golpe -tal y como le denomina- fue “validado por las clases medias tradicionales”(2). O sea, ellos mismos indirectamente admiten que el proceso de deposición de Morales no fue un fenómeno elitista, o exclusivo de la cúpula militar del país.

En todo este proceso los sectores no afectos al gobierno tampoco han estado libres de polvo y paja. Para empezar, el sentido común hace prudente rechazar toda manifestación de violencia venga de quien venga y persiga los objetivos que sean. Al final, quienes suelen llevar la peor parte de la violencia, son los menos responsables del problema que se pretende resolver. El caso de Bolivia realmente es capaz de sacar las lágrimas a cualquiera, no se trata de defender indios, se trata de condenar el asesinato de seres humanos. Si Morales se equivocó, su “alternativa” ciertamente no lo está haciendo nada bien.

Como decíamos, el actuar de la oposición, concretamente de la senadora Janine Áñez, también es censurable: si la sesión en que pretendió investirse sucesivamente como presidenta del Senado y de la República -pues en ausencia del Vicepresidente, corresponde a la presidencia de la Cámara Alta asumir la Jefatura del Estado- no contó con el quórum requerido, entonces, a los efectos legales, el Senado jamás se reunió.

Es oportuno además condenar el que se le impidiera a la sra. Salvatierra acceder al hemiciclo. Independientemente de que hubiese renunciado o no a sus investiduras como presidenta del Senado, seguía siendo senadora, y el permitirle entrar a la cámara era lo menos que podían hacer.

Si en un plazo prudencial los senadores no fuesen capaces de nombrar una nueva directiva, correspondería entonces el turno al presidente de la Cámara de Representantes, quien también renunció, por lo que esta debería previamente elegir una nueva directiva.

Sea como sea, en mi modesta opinión, el actuar de la senadora -muy linda por cierto, si se me permite el comentario-, es constitutiva de un delito de usurpación de funciones, o como sea que lo tenga concebido la legislación penal boliviana.

Considero que en la actual situación del país andino, detenerse ahora a discutir sobre a quién le corresponde la presidencia interina del país, resulta contraproducente por cuanto prolongaría esta situación de anomalía institucional y agravaría el desgaste que sufre el país. La mejor estrategia ahora sería el nombrar autoridades electorales nuevas, cuya credibilidad y seriedad sean reconocidas por todos los actores políticos, de cara a evitar futuros cuestionamientos a los resultados, así como invitar a observadores internacionales de iguales características con una finalidad similar.

Una vez que la institucionalidad esté plenamente recompuesta, sería entonces el momento oportuno para que el pueblo boliviano medite sobriamente sobre lo ocurrido, en aras de evitar que se repita.

Notas:

(1) Sentencia 0084/17 de 28 de noviembre de 2017

(2) Entrevista concedida al espacio “Cruce de palabras” transmitida por la cadena TeleSur en la tarde del sábado 16 de noviembre de 2019.

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia:

Artículo 168. El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua.

Artículo 169. I. En caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados.
En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días.

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