Política en Cuba

A propósito de los precios “abusivos”

Por: Mauricio de Miranda Parrondo 

El gobierno cubano ha apelado, de forma sostenida, a los topes de precios para evitar que éstos aumenten en los mercados no estatales acusando a los trabajadores por cuenta propia de egoísmo, de falta de solidaridad, a tono con aquella caracterización despectiva que les dio Fidel Castro, cuando les llamó “merolicos” hace muchos años. Los funcionarios cubanos no se quieren dar por enterados de que en los mercados los precios son el resultado de un equilibrio entre la oferta y la demanda y que cuando ese equilibrio se rompe porque la oferta supera a la demanda, los precios bajan y cuando ocurre lo contrario, suben. En los cursos básicos de Economía se enseña que cuando el Estado interviene los mercados, fijando precios por debajo del punto que refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda, el resultado es la escasez.

¿No existen suficientes ejemplos en la vida cotidiana de Cuba a lo largo de más de 60 años para demostrar la validez de este sencillo axioma? Claro que sí. A esto debe añadirse que cuando esto ocurre, la respuesta que da el mercado es la aparición de canales subterráneos en los que los precios suelen estar muy por encima incluso de lo que estarían en condiciones de un mercado libre, debido a lo que podría denominarse como una especie de “prima de riesgo” que suelen cobrar los oferentes en condiciones de ilegalidad.

En los últimos días se han sucedido declaraciones de Marino Murillo, miembro del Buró Político del PCC y jefe de la Comisión de “Implementación y Desarrollo”, así como de las ministras de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños,  y de Comercio Interior, Betsy Díaz, en el sentido de que “no se pueden permitir precios abusivos” al referirse a los aumentos de precios que seguramente se producirán en los servicios ofrecidos por trabajadores por cuenta propia (TCP). Para cualquier persona es evidente que muchos TCP o empresarios privados no tendrán más remedio que incrementar los precios de los productos y servicios que ofrecen si se incrementan costos debido a los aumentos de las tarifas de energía, así como los aumentos de precios en los insumos o de los salarios de los trabajadores que deben contratar, para solo mencionar dos tipos de gastos. Obviamente, lo lógico sería que el aumento de los precios resultara proporcional a esos aumentos de costos en la proporción que ellos influyen en la estructura de costos.

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La teoría económica no suele usar el concepto de “precios abusivos” porque en condiciones de mercado en las que exista un determinado nivel de competencia, los precios suelen formarse considerando los costos de producción, así como la relación entre la oferta y la demanda. Esta alusión a los precios “abusivos” y “especulativos” a los que se refería Murillo y que hacen parte del discurso oficial parece hacer alusión, por contradicción, a lo que Tomás de Aquino denominaba precio justo. Este concepto, utilizado por el escolasticisimo medieval para condenar la usura y el beneficio comercial (beneficios que, por cierto, obtenía la alta jerarquía eclesiástica) no ha tenido jamás una explicación en la teoría económica. ¿Cuál es el precio justo? Smith, Ricardo y Marx, cada uno desde sus distintas perspectivas teóricas hablaban de precio natural, valor de cambio, precio de mercado. Marx esbozó una teoría del precio en la que consideraba los costos de producción y la ganancia media (denominada ésta como la tasa de ganancia promedio que la sociedad “reconocía”), considerando las condiciones del mercado. Los marginalistas, por su parte, se apartaron de la teoría del valor-trabajo y se concentraron en la “utilidad marginal”.

En cualquier caso, ningún productor acudiría a un mercado a vender un producto o un servicio para recuperar los costos, mucho menos si no lo logra recuperar (no tendría sentido producir). Ningún productor u oferente de servicios acudiría a un mercado para obtener un precio que no resulte remunerativo. Por estas razones no tiene sentido establecer topes de precio, sobre todo si éstos están muy lejos de las condiciones del mercado porque el resultado es que desaparecen los productos o la oferta de servicios.

Sin embargo, es sabido que en condiciones de ausencia de competencia o en competencia imperfecta, es decir, cuando un oferente disfruta de la condición de monopolio (dominio de un solo oferente) o cuando varios oferentes disfrutan de la condición de oligopolio (dominio de unos pocos oferentes que les permite establecer acuerdos de precio), pueden imponer un precio al mercado que suele ser alto y asegura la obtención de ganancias extraordinarias. Por esa razón, en varias economías de mercado existen leyes anti-monopolio para evitar lo que sin dudas podría denominarse una “falla del mercado”.

Lo que realmente resulta inadmisible es cuando se esgrimen este tipo de argumentos por parte de altos funcionarios del Estado y luego es el Estado el que adopta tarifas abusivas. Murillo considera “inadmisible” que los TCP aumentaran ciertos precios más allá de tres veces, teniendo en cuenta que los costos no aumentarían en esa proporción.

Consideremos lo siguiente. De acuerdo con la llamada “Tarea Ordenamiento”, el salario mínimo del país está en 2.100 pesos cubanos (87,50 USD al nuevo tipo de cambio que funcionará a partir del 1 de enero), mientras que la mediana de la escala salarial está en 4.510 CUP (187,91 USD) y el máximo salario es 9.510 CUP (396,25 USD). Sin embargo, el pasado 18 de diciembre de 2020, la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 77 de la República de Cuba publicó una serie de resoluciones del Ministerio de Justicia estableciendo las nuevas tarifas para toda una serie de trámites que resultan totalmente abusivas.

Con los niveles salariales arriba mencionados, la Resolución 510 del Ministerio de Justicia establece que una simple certificación de nacimiento costará 1.250 pesos cubanos (52 USD), lo mismo costarán las certificaciones de matrimonio, defunción, antecedentes penales, actos de última voluntad y declaratorias de herederos. Las certificaciones de sentencias de divorcios costarán 3.750 pesos (156 USD). Otros trámites tienen tarifas verdaderamente estrafalarias, para el nivel de ingresos de los cubanos. La certificación de nivel académico y los certificados de notas costarán 6.250 pesos cada uno (260 USD), obtener un plan de estudios, 2.500 pesos (104 USD), lo mismo costaría la legalización de documentos en el ministerio de Relaciones Exteriores. Pero ya muchos de estos trámites que tienen que ver con legalizaciones y certificaciones de estudios, estaban por fuera de las posibilidades de cualquier cubano promedio que viviera en Cuba de su trabajo porque se cobraban en tasas a CUC.

Otro tanto ocurre con los pasaportes cubanos. Son los más caros del mundo porque supuestamente se emiten por seis años (mientras que en la mayor parte del mundo se emiten por diez años) pero cada dos años hay que prorrogarlo, con lo cual en los seis años será necesario hacer dos prórrogas. Así las cosas, obtener un pasaporte cubano costará 234 USD (5.625 CUP) y cada prórroga 83 USD (2.000 CUP), con lo cual, el pasaporte seguirá costando 400 USD. ¿Por qué mantener tan elevados costos de transacción? ¿Por qué no colocar una cifra adecuada para un pasaporte que tenga vigencia por diez años sin necesidad de prorrogarlo?

Adicionalmente, la resolución que establece los precios de los productos que antes se vendían en las llamadas “Tiendas de Recuperación de Divisas” (TRD) ha multiplicado por 25 la mayor parte de la nomenclatura de productos. Ya esos productos tenían unos precios que no se correspondían con el nivel de ingresos de la mayor parte de la población y muchos de ellos son productos nacionales que podrían tener algún componente importado pero que en cuyo caso no requerirían de una multiplicación por 24 o 25 en sus precios porque sus costos no se multiplican en esa proporción. Así las cosas, son también abusivos.

¿Son éstas medidas “revolucionarias” o se trata, una vez más, de exprimir a las personas que necesitan legalizar documentos para que surtan efecto en el exterior o a aquellos que ya viven en el exterior y no por ello se volvieron millonarios o a aquellos que necesitaban de remesas para acceder a las inaccesibles TRD con los ingresos del trabajo? ¿Qué pasará con quienes no puedan pagar semejantes tarifas que no guardan relación alguna con sus niveles de ingreso o con quienes siguen sin tener acceso a los precios multiplicados por 24 o 25 cuando sus ingresos solo crecieron como promedio 4,9 veces? Por otra parte, ¿Se sigue marcando la diferencia entre los cubanos de “aquí” y los de “allá”? ¿Esa es la forma de “incluir” que tiene el gobierno cubano respecto a la comunidad cubana?

Tomado del blog del autor

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