Política en Cuba

De idoneidad y de idóneos

Por: Ernesto Gutiérrez Leyva 

 

El calor, las colas interminables, la abundancia de casi nada y la escasez de casi todo, y esa idea que peligrosamente se instala en el imaginario popular: en Cuba lo que sí vale la pena hacer es irse.

El complejo escenario internacional y sus nefastas repercusiones en lo doméstico, no hicieron otra cosa que catalizar un proceso de recesión económica y descontento general ya en marcha desde hacía tiempo. Dejemos de pensar un instante en la escasez de pollo que azota nuestros mercados, y enfoquémonos en las causas por un momento.

El discurso oficial culpa al bloqueo (externo) de todos, o casi todos, los inconvenientes que debe enfrentar el cubano de a pie en su vida cotidiana. No obstante, cada día se habla más del reverso de la moneda, el otro bloqueo, ese que no es obra y gracia de Washington: bloqueo interno, burocratismo, varias son las acepciones que podemos encontrar en el acervo popular para denominar ese conjunto de medidas (restricciones) que existen en nuestra realidad, y que según la percepción de no pocos, lastran nuestro desarrollo.

Sin dejar de lado otros factores de innegable importancia, como los relativos a la macroeconomía o a los intereses que mueven los hilos del país, quisiera hoy detenerme en el aspecto humano que compone nuestra administración: el funcionario.

¿Cómo llegan ahí? ¿Son idóneos? O mejor: ¿qué implica ser idóneo en el contexto cubano? El primer debate público respecto a la idoneidad de los servidores públicos del que tengo conocimiento, se dio en Estados Unidos[1], cuyo desenlace final concluyera con la instauración en ese país de la carrera administrativa y la prohibición al político de turno de nombrar ad libitum a todos los funcionarios del Estado durante su mandato.

En el caso cubano, la necesidad de dar a la nación una administración pública eficiente, meritocrática y posicionada por encima de las rencillas políticas del momento, llevó a la promulgación de la Ley de Servicio Civil de 1 de julio de 1909. Al amparo de la misma se creó una Comisión homónima llamada a conocer sobre las cesantías de los empleados públicos. No obstante, su impacto fue prácticamente nulo: cada vez que un nuevo partido ascendía al poder, decretaba cesantías masivas en los puestos estatales[2], con la expresa intención de colocar gente fiel -“idóneas” le diríamos hoy. Fue justamente esta experiencia la que llevó a los constituyentes de 1940 a elevar a rango constitucional las bases para implementar una efectiva profesionalización de la administración pública y las garantías para hacer efectivas su inamovilidad.[3]

Por todos es conocido que la efectiva vigencia de la Carta del 40 fue endeble y breve (solo 12 años), el grueso de su articulado nunca fue implementado, y lo relativo a la carrera administrativa no fue una excepción, lamentablemente.

Después de 1959, la idea de una administración meritocrática y profesional fue desechada o tildada de burguesa, con todo lo que ello implicaba en la época. El clima rupturista vigente en la sociedad de aquel entonces llamó a crear una administración “popular”, que devino en el nombramiento de un ejército de burócratas alineados con el gobierno, que no hizo más que engrosar a medida que la Revolución era institucionalizada.

Ahí podría encontrarse un buen punto de partida para explicar las causas del ineficaz burocratismo del Estado cubano, no tanto en el hecho de que haya engrosado excesivamente, sino en que se nutrió (y sigue haciéndolo) de funcionarios que deben su posición más a su lealtad política que a su competencia y profesionalismo.

Si miramos en el escenario internacional, encontramos países que se afilian a posturas más estrictamente liberales:

Estados Unidos por ejemplo ha sido un abanderado histórico del liberalismo -salvo la etapa keynesiana posterior a la Segunda Guerra Mundial-, el cual retornó con vigor a partir de la era Reagan. La filosofía que promueve Washington desde la perspectiva del punto que analizamos, consiste grosso modo en mantener un Estado pequeño, que ceda espacio al sector privado y que no le agobie con impuestos.

Por otro lado, en la Vieja Europa encontramos países como Suecia o Francia con Estados administrativamente grandes, pero eficientes. En el caso francés, altamente centralizado, haciendo gala de la cultura administrativa imperante en el país desde el reinado de Luis XIV. No creo que la tesis que describa a los países en cuestión como torpes o Estados fallidos alcance muchos adeptos. 

En Argentina, en cambio, la existencia de un Estado gigantesco, con el correspondiente déficit fiscal (financiado generalmente con emisión monetaria inorgánica), ha sido señalado como el principal responsable de la decadencia económica vivida en ese país desde la segunda mitad del siglo pasado.

Un criterio similar, que ponía al déficit público (erradicación de) como la solución de todos los problemas económicos, llevó a la Rusia de Boris Yeltsin a disminuir drásticamente el gasto público, desmantelar literalmente al Estado, percibido hasta entonces por la población otrora soviética como el ente omnipotente llamado a intervenir y resolver todas las cuestiones de la vida cotidiana con las que debía lidiar la ciudadanía. El resultado no se hizo esperar: los problemas lejos de resolverse, se agravaron.

Percibo entonces que la verdadera cuestión a analizar no consiste tanto en el tamaño del Estado (y el correspondiente gasto aparejado), como sí en la calidad del mismo, en quiénes lo implementan y su organicidad con el resto de los factores que hacen vida en una sociedad. Por ejemplo: ¿hay una economía lo suficientemente potente como para sostener el entramado burocrático? ¿Existe una idiosincrasia ciudadana que demande un Estado presente?

En el caso cubano, deben añadirse cuestiones “terrenales” a la que la casta burocrática no es impermeable: no solo la mala preparación de los funcionarios afecta al entramado burocrático, la corrosiva corrupción o la migración del personal hacia sectores más lucrativos han mermado mucho la calidad, de por sí deficiente dados los problemas estructurales intrínsecos al sistema.

Una digresión: recuerdo, hace años ya, haberme encontrado en plena calle a una amiga jueza que, al preguntarle por su situación laboral, comentaba que en el tribunal le habían señalado la incompatibilidad de su función de jueza con su rol de arrendataria privada. Aún la recuerdo decirme entre risas que había colgado la toga sin pensarlo y que ganaba en una semana, como arrendataria, lo que no cobraba en el tribunal en un año. Creo que esta anécdota es muy descriptiva de lo que estoy diciendo.

Toda esta serie de apuntes que se han ido hilvanando en este artículo empezaron a venirme a la cabeza a raíz del vergonzoso escándalo que presenciara el país frente al MINCULT el pasado 27 de enero.

Me pareció extremadamente deplorable el comportamiento del alto funcionario, y realmente irónico que el gesto de tosca hostilidad viniese del titular de la cartera de cultura. “La cuestión no está en que Alpidio renuncie, sino en que nunca debió haber sido ministro” comentaba un conocido en ocasión de enterarse de cierta iniciativa ciudadana que exigía el referido acto por parte del funcionario.

Los tribunales de la República no escapan al cuadro que caracteriza el resto de la administración nacional (el ejemplo de más arriba muy bien lo da a entender), la carga laboral excesiva, sumada a una remuneración salarial poco atractiva, ha diezmado mucho el capital humano con que cuenta el subsistema estatal. 

No obstante, la noticia sobre el nombramiento de tres recién graduados, no ya como simples jueces, sino como presidentes de sendos tribunales municipales en la capital, me causó auténtico estupor[4]. Mi primera reacción fue cuestionar la legalidad del nombramiento, no obstante, después de examinar la correspondiente normativa[5], hallé ciertos artículos que, llamados a utilizarse de forma excepcional, brindan la adecuada cobertura legal.

La reacción de otros colegas del gremio ha sido similar a la mía, no voy referirme a las diversas teorías extraoficiales que vendrían a explicar el motivo de la designación, pero en ningún caso resultan tranquilizantes.

La calidad del capital humano con que cuente el Estado, y sus criterios de selección, no tienen efecto solamente en el corto plazo. Suele ser usual en los países llamados “civilizados” que la élite política se nutra del funcionariado, entiéndase: ese ciudadano que ha pasado buena parte de su vida en el servicio civil, decide jubilarse e ingresa a la vida política de la mano del partido de su preferencia.

Ese político en cuestión no es un improvisado, conoce las dinámicas del sector público, tiene una vasta experiencia que ahora puede utilizar desde la tarima política. Cuando el fenómeno se generaliza (lo que vendría a explicar por qué en tantos países de Europa los principales líderes políticos suelen tener una edad relativamente avanzada), entonces el país cuenta con una clase política de calidad, poco dada a antagonismos polarizantes, que en el fondo, no suelen ser más que rencillas entre caciques, enmascaradas bajo algún tema polémico de interés público.  

Los mecanismos de renovación de la casta dirigente en Cuba no están del todo claros. De hecho, durante la larga era fidelista, siempre se especuló con el quién y cómo se le sucedería. Hoy sabemos que la solución quedó en familia, mientras que los criterios que llevaron a Raúl Castro a elegir a Díaz Canel por encima de otros de sus contemporáneos siguen siendo opacos.

La nueva generación de revolucionarios en el poder ya peina canas, y no queda claro cuál será el mecanismo real de renovación de la casta gobernante. Considero que este desfase generacional entre gobernantes y gobernados ha resultado nefasto para los intereses nacionales, ha empañado la de por sí omisa mirada de la dirección del país y ha contribuido a configurar el actual estado de decadencia general que vive la nación. 

Ese divorcio entre ciudadano y Estado, con el consecuente perjuicio que para la legitimidad del segundo implica, resulta mucho más tóxico al ideal de Nación, de cubanidad, que cualquier política promovida desde el exterior del país. Si llegare en efecto el día nefasto en que el último en salir tuviese que apagar la luz del Morro, los auténticos culpables serán los que hoy se esconden detrás de los muros de Palacio.


[1] Hasta 1883 era costumbre en USA que, ante el cambio de partido en el poder, el nuevo gobierno despidiera a todos los funcionarios de la administración anterior, incluyendo a los de bajo rango como los carteros. Esta práctica redundó en una manifiesta corrupción y clientelismo político, dado que el funcionario debía lealtad al político de turno que lo nombraba y del cual dependía para mantener el puesto. Por otra parte, los constantes cambios de personal, impedían que la administración contase con funcionarios de experiencia adecuada. Este sistema conocido como “The spoils system”, provocó un profundo rechazo en la opinión pública, lo cual redundó en la sanción de la Civil Service Reform Act, que introdujo la carrera administrativa en ese país.  

[2] Lazcano y Mazón Andrés M,Las Constituciones de Cuba, Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, España 1952. Pág 292.

[3]Constitución de la República de Cuba de 1940. Título 7mo sección 2da Oficios Públicos. Constitución de la República de Cuba, Editorial Minerva, La Habana Cuba, 1956

[4] Me refiero al nombramiento de los ciudadanos Alberto García, Melissa Alayo y Xian Fong, egresados en la graduación de 2020, como presidentes de los tribunales municipales de Guanabacoa, Cerro y Regla respectivamente. Todos ubicados en la capital

[5] Ley No. 82, “Ley de los Tribunales Populares”, de 11 de junio de 1998

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