Política en Cuba

El delito de atentar contra la verdad

Por: Miguel Alejandro Hayes 

Pocas cosas en la vida son de o todo o nada, y menos, el consumo de información. La demanda también determina la oferta.

Si se quiere saber de buena tinta qué se dijo, oficialmente, en una reunión de dirigentes, lo más probable es que los medios partidistas tengan acceso a esos espacios, a entrevistas, etc. Luego, hay determinada demanda de información que, como mejor se satisface, es en la prensa partidista.

Pero ella no lo abarca todo, no solo lo que se le escapa, como puede ser la sectorialidad o la territorialidad de la información, sino un sesgo de intereses, de posturas (como toda la prensa, claro). Como los intereses de los receptores no coinciden, en su totalidad, con los que quieren emitir los dueños (de facto) de los medios, aquellos van (vamos) a otros espacios.

Si se desea leer una crítica fuerte al modelo de enseñanza de la Historia de Cuba, no una que se vaya por las ramas por la falta de creatividad del profesor, o que solo se quede en aquello de cuestionar la repetición, sino que busque aspectos medulares tales como el secuestro ejecutado por el enfoque partidista sobre dicho saber, no se puede encontrar en medios oficiales.

Mucha de la crítica (ni constructiva o destructiva, pues la critica como ejercicio del pensamiento no lleva apellidos) no tiene espacio en medios del partido.

El escenario natural para un ejercicio crítico es la prensa no partidista (y ahí también se cuelan la fanfarronería, el oportunismo, la superficialidad, la descalificación, el ejercicio crítico, como en todos lados).

Del mismo modo que la prensa partidista asume una línea complaciente con los censores, lindando a veces sus redacciones con la consigna del aprovechado, la segunda llena sus páginas con crítica crítica (que se puede reducir a un oposicionismo).

Sin embargo, el afavor(ismo) y el oposición(ismo), y toda la gama y matices de/y entre ellos, si de comunicación y exposición del pensamiento se trata, son útiles a determinado receptor.

Y es que el consumo de información no se puede gestionar políticamente, a priori, por un acto de militancia del receptor, y menos si se quiere fomentar un sujeto crítico. Intentar hacer creer al lector que el medio diferente es el enemigo, es reducir al lector a la pasividad como expresión de la dominación en su más pura forma decimonónica.

Qué bueno sería que, digamos, ante determinada decisión gubernamental, en diferentes medios, incluso con la diferencia de alcance por factores ajenos a las dinámicas internas de la comunicación, se pudieran leer argumentos (dije argumentos) en favor, y argumentos (repito el énfasis) en contra. El único descalificativo válido sería el de atacar la validez de información seleccionada y el uso de esta por parte del otro.

Que cada ciudadano cubano tenga el ambiente favorable y propicio para poder leer y escoger qué idea y postura le convence más, es una meta de todos. Lo militante, en ese escenario, sería leer la mayor cantidad de posturas posibles; el crimen, el consumo de un solo criterio.

Una sociedad en la que para la prensa el hecho de atentar contra la verdad sea un delito, sería un buen escenario para que los lectores hicieran de su consumo un acto de ciudadanía. Quienes intentan todo el tiempo deslegitimar al otro mensajero (medio) siguen estando lejos de la práctica que construye lectores de un estado de derecho, primero porque se toma el trabajo de deslegitimar medios, cuando es algo que solo debe hacer la ciudadanía, y segundo, porque no le da las herramientas para que sea la ciudadanía quien decida. 

El estado de derecho debe crear el marco para que la ciudadanía, cultivada en el consumo responsable, ejerza su derecho a una información veraz[1].


[1] “El derecho a la información a la vez que constituye un derecho subjetivo de libertad cumple una función de garantías en las sociedades democráticas”. (1)

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