Política en Cuba

El silencio se ha roto

Por: Fernando Almeyda Rodríguez
Buenas noticias. A raíz de la mesa redonda del día 20 de marzo el gobierno cubano ha hecho el anuncio de una serie de medidas en aras de enfrentar más adecuadamente al coronavirus. Mis criterios sobre estas serán expuestos en otro artículo. De momento, dado que algunas están referidas expresamente al cuentapropista y a la cuestión tributaria –asunto que recientísimamente comentaba por este medio- me parece meritorio centrarme en este particular.
Felicidades. El gobierno finalmente ha tomado directrices administrativas que de ser bien encauzadas y ejecutadas previenen el enriquecimiento indebido a expensas del capital del sector económico privado de la Isla.
A raíz de mi anterior artículo recibí la crítica de amigos profesionales de la rama del derecho. Me llamaban la atención sobre la existencia de otra normativa referente a la exención de pagos en casos de esta índole, aludiendo a la Resolución 427 de 2019 del Ministerio de Finanzas y Precios. Una vez examinada esta, resulta en efecto la posibilidad de tales necesarias exenciones.
En su Resuelvo Cuarto la misma declara y cito textual:

Se eximen del pago de la cuota anticipada a cuenta del Impuesto sobre Ingresos Personales y cuota consolidada mensual según corresponda, por un período comprendido entre un (1) mes y hasta tres (3) meses, a los trabajadores por cuenta propia que se encuentren impedidos totalmente del ejercicio de sus actividades, en virtud de situaciones climatológicas, epidemiológicas u otras similares, siempre que estas sean debidamente declaradas por las autoridades facultadas para ello, en correspondencia con lo establecido en la legislación vigente a tales efectos.

Ciertamente hay aquí una salida a la problemática de los impuestos, sin embargo, tiene un inconveniente. Debe declararse tal situación por la autoridad facultada, lo cual conlleva a que es una potestad que proviene únicamente de la autoridad. Las opciones taxativamente contenidas en la ley para la suspensión de pagos, a las que puede accionar el cuentapropista, siguen siendo a mi entender, escuetas.
A manera de ser justos, reconoceremos que lo cortés no quita lo valiente. Para evitar el incómodo estado de preocupación, incertidumbre y silencio que envolvió a no pocos negocios apremiados por la necesidad de un cierre temporal y las sensibles perdidas suscitadas por la pandemia, las medidas administrativas que se anunciaron el día 20 del presente mes, bien podrían haberse presentado más temprano. No obstante, tampoco llegaron demasiado tarde.

El sistema tal y como está diseñado hace depender sobremanera las acciones del sujeto público: si actúa apropiadamente, en tiempo y forma, los problemas son resueltos; si no lo hace, los problemas son multiplicados. Hoy la gobernanza actuó como se podría esperar de una administración responsable, lo cual con el historial de nuestro país es de loar. Tampoco vivimos una crisis epidemiológica de estas proporciones todos los días.
Quizás el mayor problema no fuera la inexistencia o inaplicación de normas protectoras, sino el silencio incómodo por parte de las instancias administrativas pertinentes. Si algo ha de imputarse seriamente, ha sido la ausencia hasta ayer en los medios públicos, la invisibilización de las mismas.
Esta problemática –una vez más coyuntural- ha sido solventada, pero no nos durmamos en los laureles. En materia de causales e iniciativas de suspensiones tributarias esta crisis ha dejado que decir. Y no nos refiramos a otras cuestiones más medulares como la no diferenciación del capital mercantil y el privado de los cuentapropistas y todo lo que eso conlleva.
Por el momento, para el sector cuentapropista el obstáculo de naturaleza impositivo ha sido despejado, y un sendero menos accidentado abierto. Para beneficio del sector privado, el silencio se ha roto.

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