Política

Bélgica, o cómo funciona un país sin gobierno

Bélgica sin gobierno.

Por : Ana Barnes

Hace veinte meses que Bélgica no tiene gobierno. El 18 de diciembre de 2018 el primer ministro Charles Michel entregaba su renuncia. Mucho ha llovido desde entonces, incluyendo una pandemia global. ¿Cómo puede un país enfrentar una crisis sanitaria de tal envergadura en medio de una crisis política de fondo?

Para empezar, ciertas precisiones se imponen. Bélgica es una monarquía constitucional parlamentaria, con un Estado federal cuyas competencias están repartidas entre la Autoridad federal, las Regiones y las Comunidades. Por lo tanto, existe un gobierno federal (a cargo de las relaciones exteriores, la defensa nacional, la justicia, las finanzas y la seguridad social), tres gobiernos regionales (responsables de todo lo concerniente a la ocupación del territorio, como el medioambiente, la economía, el comercio, el empleo, la vivienda, etc.) y dos gobiernos comunitarios (a cargo de la enseñanza, la cultura, la salud, las ayudas sociales), cada uno de ellos responsable de tomar las decisiones que le competen.

Como reino independiente existe desde 1831, con un jefe de estado con muchas menos prerrogativas que su parlamento, lo cual ya era particular para su época. Un estado en donde quedaron atrapadas tres lenguas (el neerlandés al norte, el francés al sur y el alemán en una pequeña porción al este) y dos principales comunidades, valones al sur y flamencos al norte, con no demasiado en común. Con el tiempo, la capital, Bruselas, se declaró bilingüe, pero el resto de las regiones y comunidades conservan el uso de sus particularidades lingüísticas y culturales. Todos con sus gobiernos respectivos.

Este es el resultado de varias reformas institucionales sucesivas, que han venido a sacralizar el principio de la concertación. O lo que a la belga se entiende por largas discusiones cuando algo se complica o se bloquea, con la esperanza de que el sentido pragmático se imponga para encontrar la solución. Y esto es lo que viene sucediendo entre los partidos desde el 18 de diciembre de 2018, sin acuerdo.

Hasta que el coronavirus impuso su propio ritmo. La conferencia diplomática permanente cedió lugar a una coalición gubernamental de excepción, únicamente para la gestión pandémica y su impacto socioeconómico. El sorprendente arreglo político llegó con un decreto real de aplicación inmediata, que evitaba todo el proceso legislativo y el paso por el parlamento. Algo inédito, pero absolutamente amparado por un entramado jurídico flexible y convenientemente previsor.

Las competencias de las distintas entidades regionales y comunales pasaron a un segundo plano ante la necesidad de crear un sistema coherente y cada nivel de poder se ajustó a las reglas del juego. Esto, a pesar de las tensiones en la propia gestión del coronavirus, de los conflictos políticos subyacentes y de los asuntos en suspenso desde 2018, como el déficit de más de 10 mil millones de euros, las pensiones, la gestión de las centrales nucleares o el cambio climático.

En resumen, no sólo la situación política era compleja a la llegada de la crisis sanitaria, sino que la situación económica era también delicada.

¿Cómo enfrentar esta tensa situación y la obligada vuelta a la nueva normalidad sin un gobierno en ejercicio pleno? Pues posiblemente a la belga, con un gobierno en asuntos corrientes. No falta experiencia. En los últimos diez años, el país ha vivido cuatro periodos de estos, que hacen en total más de tres años sin un gobierno federal constituido. Hasta de récord Guinness se ha hablado por el mundo…

Casi se ha vuelto la normalidad. La noción de gobierno en asuntos corrientes no tiene una definición jurídica particular en Bélgica, otro elemento que flexibiliza las lecturas y las interpretaciones. Puede resumirse en que un gobierno en asuntos corrientes puede dar curso a todos aquellos asuntos cotidianos cuyas decisiones no impliquen un cambio de línea política, o aquellos urgentes que no se puedan posponer porque traerían daños o perjuicios colectivos, o serían contrarios al derecho internacional. Así que cabe todo, o casi todo.

Mientras los jefes de partido siguen discutiendo en sus lenguas respectivas, negociando interminablemente, y el país sobrevive por pura costumbre, atrapado en una política de compromiso que ya no deja ni decidir ni cortar por lo sano, el belga ha tomado el único partido que parece tener cierto sentido común: seguir con sus vidas y su humor burlón, bien a pesar de sus hombres políticos electos.

Porque en la percepción del ciudadano cada vez se diluye más la necesidad de tanto gobierno. Están tan habituados a que la vida siga a pesar de todo, que se instalan en esta especie de inercia del bienestar a la belga y confían en la perdurabilidad de lo adquirido, de las estructuras que funcionan como por sí solas, pase lo que pase.

Pero el coronavirus podría precipitar las cosas. Se ha calculado que el déficit pudiera crecer hasta 25 mil millones de euros. El Banco Nacional estima que cada semana de confinamiento ha traído pérdidas de alrededor de 4 mil millones. El gobierno federal ha comenzado a esbozar una estrategia de recuperación económica a largo plazo, cuyo costo podría elevarse a un 10% del PIB como mínimo.

¿Cómo se pagará la factura? ¿Cuáles son esas nuevas políticas fiscales de las que hablan, ese impuesto “corona”, ese sobre el valor agregado y aquel sobre el patrimonio? ¿Qué pasará con el empleo, la competitividad de las empresas, las pensiones?

El surrealismo belga tendrá que aportar respuestas reales, o casi. Mas allá de lo anecdótico de su funcionamiento sui generis y de los chistes, el ciudadano belga tendrá que poner atención a lo que sucederá en las próximas semanas, que ya se agitan con los nuevos intentos de formación de un gobierno como dios manda. Porque, aunque a él no le importe si hay o no gobierno, el gobierno, o lo que haya, sí contará con él para pagar las facturas.

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